Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
O una cosa es redonda o es cuadrada, pero no puede ser redondo cuadrado. Una usurpación, toda usurpación, es un acto violento e ilegal. Sin embargo, cada vez que se empieza a usar mal un término es porque se quiere esconder algo, es porque de algún modo nos quieren pasar gato por liebre. ¿Cuántas veces hemos escuchado y escrito la palabra vertedero como sinónimo de basural?
No hay que revisar ninguna encuesta para determinar que el principal problema de los chilenos es la inseguridad. No hay que ser cientista político para decir que los republicanos lograron más de un 30% en las últimas elecciones porque hablaron de seguridad y no de Constitución. Hay que tener dos dedos de frente para comprender que el gobierno comete un grave error al querer imponer un veto en materias de seguridad, y peor todavía, tratar de pasar por pacífica una acción que de por sí es violenta.
Todo el país está mirando esta conducta, entendiendo lo complejo que puede resultar que la encargada directa de la seguridad, en este caso la ministra del Interior, Carolina Tohá, considere que solo merece multa y no prisión, quien cometa una “usurpación pacífica”, que después corrigió (como ya se ha hecho costumbre en el gobierno) para decir que se trataba de una “usurpación no violenta”.
Diga lo que diga es una usurpación y Chile ha vivido grandes y complejos problemas cada vez que la propiedad privada, de ricos y pobres, ha sido violentada. En el siglo pasado la mayor crisis institucional la fue desatando la modificación del artículo 10 de la Constitución, sobre la propiedad privada, que en 1968 hizo Eduardo Frei Montalva. Al ablandar la propiedad privada y hacer que en algunas formas no sea tan privada, generó tomas y usurpaciones que hicieron tambalear el final de su gobierno. Bastaba una bandera chilena para tomarse un terreno y quedarse ahí instalado.
La ministra Tohá ha pronunciado también un discurso muy emocional en el que resulta fácil encontrarle razón, porque apela a una familia sin casa, sin poder pagar un arriendo, que asfixiada por todos sus problemas económicos se va a vivir a una toma. Sin embargo, esas palabras son para un dirigente social, para una organización de ayuda a los sin casa, pero no para los encargados de hacer las leyes.
Una ley es para fijar normas claras sobre un determinado tema. El veto que está enviando el Gobierno al Congreso es ambiguo y deja abierta la puerta de la violencia, justamente lo que la mayoría de los chilenos no quiere. Tampoco quiere, por ejemplo, que el Gobierno acepte que se pueda marchar con un bidón con bencina.
En fin, demasiadas imprecisiones en temas de seguridad. La ciudadanía cada vez que pueda le pasará la cuenta al Gobierno por temas de seguridad y eso parece que no lo ven. Parecen no creer cuando les dicen que se están poniendo del lado de los delincuentes y no de las víctimas.
Todos quieren que la propiedad privada sea sagrada, los que tienen mucho y los que tienen poco. Alterar ese principio puede alterar muchas otras cosas, creando inseguridades que es lo contario de lo que la gente quiere.
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