Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Todas las encuestas marcan que la principal preocupación de la gente es la inseguridad ciudadana. Pasa el tiempo y la delincuencia sigue creciendo, sin que se vea que alguien la pueda controlar. Ni los Carabineros, ni la PDI, ni los tribunales, ellos pasan por arriba de todo y eso las personas lo miran con preocupación. Ni hablar del drama de la llamada Macrozona Sur, porque eso pone en jaque el Estado de Derecho del país.
No es fácil proponer cambios para actualizar el sistema policial. Son tiempos difíciles, porque el crecimiento de los delitos es mucho mayor que el crecimiento de nuestras policías. Todavía falta para que se asignen los recursos necesarios para fortalecer la labor policial, así como falta una legislación adecuada para detener y castigar en la cárcel a los delincuentes, especialmente a los repetidos, a esos que salen y vuelven a cometer fechorías, acumulando un prontuario y una experiencia que desgasta el sistema público.
El Estado gasta una fortuna en preparar detectives y carabineros, en hacer planes cuadrantes, en programar una ciudad segura, en implementar los cuarteles y los vehículos, en fin, en todo lo que se supone cuesta mantener un sistema policial, para que después a esos funcionarios los dejen cumpliendo misiones que pueden hacer otros.
Más grave parece la situación cuando vemos el avance incontenible de los delincuentes, el aumento de los delitos, y lo peor, la especie de conformidad que estamos teniendo los vecinos.
Carabineros con su actual dotación es insuficiente. La PDI trabaja principalmente para los tribunales. Los municipios tienen los brazos atados por la actual legislación para tratar de ayudar en temas de seguridad ciudadana. Pueden poner vehículos, contratar personal, hacer vigilancia, pero no tienen ninguna atribución para controlar el delito: no pueden retener ni detener, no pueden portar armas, no pueden perseguir a los delincuentes. O sea, sirven para muy poco. Los vecinos con problemas hasta para cerrar las calles o pasajes, sin poder contratar efectivos guardias de seguridad y cuidar sus casas, villas o poblaciones.
En esas condiciones es fácil entender que se requiere una modernización del actual sistema policial chileno. Nuestros parlamentarios debieran mirar las soluciones que han buscado en los países más desarrollados. Una formula buena es la creación de tres tipos de policías: judiciales, ciudadanas y municipales, como ocurre en la mayoría de los países de Europa. Además allá los municipios son importantes y los alcaldes y concejos mandan de verdad sobre todo el territorio de su comuna, no como aquí, que los alcaldes deben aceptar intromisiones de innumerables servicios públicos.
El tema es simple. Investigaciones trabaja para cumplir las órdenes de los jueces y entregar las pruebas para detener a los delincuentes, además de seguir su tarea contra el narcotráfico. Carabineros se dedica a los temas que son delitos que ocurren en nuestras ciudades y la Policía Municipal a todos los demás asuntos administrativos, como por ejemplo, un parte por estar mal estacionado, como repartir correspondencia judicial, como controlar velocidades en una carretera, como atender temas de la comunidad.
Implementar un sistema de este tipo no requiere grandes estudios, basta con imitar políticas de seguridad de países que hace mucho rato están preocupados por hacer más eficientes los servicios de protección de los ciudadanos.
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