Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
La incertidumbre que genera el gobierno es muy grave. No solo porque no toma decisiones enérgicas y claras con los temas de seguridad, las listas de espera, las pensiones, los sistemas de salud, la entrega de materiales escolares y muchos otros temas importantes para Chile.
Pero una forma inaceptable de incertidumbre es legislar con dobles intenciones. Es decir, mandar una ley para un fin de determinado y agregarle artículos con intenciones escondidas y dañinas para la convivencia democrática.
Veamos el caso de intento de eliminar el voto obligatorio, frente al susto que una mayoría aplastante los derrote en las próximas elecciones de octubre. Y digamos antes de seguir, que el voto obligatorio con sus multas y todo estaba consagrado en la Constitución.
El 9 de abril de este año el gobierno ingresa un proyecto de ley para hacer las elecciones en dos días. Estaba fijado el domingo 27 de octubre y proponían ampliarlo al sábado 26, porque en la urna nos íbamos a encontrar con cuatro papeletas de voto con más de cien nombres para elegir. Si solo ese hubiese sido el punto, la ley la habían logrado en mayo, pero en forma encubierta y con mucho temor electoral, nos trataron de pasar gato por liebre y colocaron una serie de artículos con diferentes temas.
Uno de esos artículos pretendía que todo fuera digital y que no se usara la prensa para dar a conocer las listas de vocales y sus reemplazantes, así como tampoco se imprimiera el facsímil del voto (y eso que ahora se necesitaba más que nunca porque son 4 votos distintos). Los parlamentarios le dijeron que no. Ya habían propuesto el cierre de todas las oficinas de Fonasa para la venta de bonos, exigiendo que todos los usuarios los compraran en forma digital, lo cual fue un fracaso y tuvieron que volver a abrir las oficinas. Chile no está preparado para funcionar cien por ciento en forma digital, todavía nos falta mucho.
También incorporaron un texto para rebajar el valor del voto que le pagan a los candidatos electos, terminar con la ley seca que impedía la venta de alcohol durante la jornada electoral, dejar en dos períodos consecutivos ser designado vocal y homologar las tarifas publicitarias de redes sociales a las de la radio y la prensa. Todo eso fue aprobado tal cual porque no tenía mayores complicaciones.
El problema estuvo en la intención del gobierno de imponer volver al voto voluntario mediante una triquiñuela: mantener el voto obligatorio sin multa, o sea, en buen chileno: voto voluntario. Estamos grandes para que nos propongan ese tipo de trucos malos.
Queremos una democracia fuerte con voto obligatorio, como dice la Constitución, para que los ciudadanos sientan que no solo tienen derechos, sino también deben tener deberes que contribuyan a que vivamos en un país mejor. Necesitamos terminar con la baja representación de los parlamentarios, algunos elegidos con un mínimo de votos, que después en el Congreso hacen lo que quieren. El voto obligatorio combate la abstención, que ha llegado a más del 50% en nuestras elecciones. O sea, la mitad de los chilenos votan por todo Chile.
Cuando ya estaba todo claro con el voto obligatorio, el gobierno sacó algunas cuentas y se asustó. Surgió la idea de una tercera gran derrota electoral, porque los llamados nuevos votantes buscarían votos moderados, más de centro, alejados de los extremos, que tanto mal nos hacen. Frente a ese escenario vemos el comportamiento errático del gobierno por cambiar la obligatoriedad del voto.
9 de abril: el gobierno propone voto obligatorio con multa entre 33 mil y 200 mil. Antes era mínimo 120 mil y sobre 200 mil.
2 de julio: parlamentarios oficialistas dejan sin ninguna sanción el voto obligatorio.
11 de julio: gobierno anuncia veto al proyecto de ley, para exigir el voto obligatorio y agrega que la multa será solo para ciudadanos chilenos, eximiendo a los extranjeros.
25 de julio: el gobierno echa marcha atrás y señala que la multa será solo de 33 mil y que será aplicada a chilenos y extranjeros.
31 de julio y 13 de agosto: entre ambas fechas, primero el Senado y luego los diputados, aprueban que el “voto sea obligatorio” pero con una multa de apenas 33 mil pesos. Esta norma es transitoria, es decir, será usada solo en esta elección.
En pocas palabras, el gobierno salió con la suya. Logró rebajar la multa, que hacía verdaderamente obligatorio el voto y debilitó la democracia y el valor de la representatividad de sus autoridades. Chile perdió.
Aunque parezca increíble se trató solamente de un cálculo electoral que auguraba un mal pronóstico para las cifras del gobierno. Lo que dijo el diputado frenteamplista Gonzalo Winter, aludiendo a que la multa era un proyecto “antipobres” es un escándalo. Primero porque lo dice quien gana más de 10 millones mensuales (vaya o no vaya a trabajar) y segundo porque rebajar las multas es quitarle fuerza a una sanción. ¿Por qué no propone rebajar las altas multas de tránsito? Porque si lo hicieran tendríamos un desorden incontrolable en nuestras calles y carreteras. Ese desorden es el que produce un castigo económico tan bajo para los que no voten, porque esa acción distorsiona los resultados y deja en los cargos de representación a personas que no merecerían estar sentados en ese cargo.
Es lamentable que el propio gobierno trabaje y se desgaste para debilitar nuestra democracia.
*Imagen Redes Sociales.
