La Agenda Laboral del Programa de Gobierno que termina avanzó con creces en dos materias que en el mundo del trabajo eran indispensables: Garantizar mejores condiciones laborales, y promover el Diálogo Social. Y el énfasis estuvo tanto en promover un óptimo escenario para la productividad, innovación y emprendimiento, como también por más y mejor trabajo. Así por ejemplo, la Ley Sanna viene a dar garantías de protección a los niños con enfermedades críticas, terminales o accidentes graves. Es el seguro para que los padres trabajadores puedan ausentarse y cuidar a sus hijos en situación de salud grave – desde los 2 hasta los 18 años inclusive – con una licencia médica que vela por la familia, y fortalece el sistema de protección social. Por su parte, la Ley de Inclusión Laboral vigente a partir del 1 de abril, establece que en todas las empresas de más de 100 trabajadores existan cupos de trabajo para -a lo menos- el uno por ciento de personas en situación de discapacidad. Regirá tanto en el sector público como el privado, y deroga el artículo que permitía una remuneración incluso menor al sueldo mínimo, terminando con estos actos arbitrarios. El porcentaje aprobado del uno por ciento será revisado en el plazo de 3 años y en su primera fase de implementación, serán a lo menos 30 mil las personas con capacidades diferentes que por derecho ahora podrán acceder a un puesto de trabajo.
La Ley que Moderniza y Mejora las Relaciones Laborales promovió un contexto dialogante y ágil para la negociación colectiva. El año 2017, 165 empresas en la región negociaron con este nuevo escenario, con 27 acuerdos de Servicios Mínimos y solo un caso regional judicializado. Se votaron 30 huelgas, concretándose solo nueve, un tercio de las 27 huelgas ocurridas el 2016. A pesar de ciertos temores, las cifras evidencian que el Derecho a Huelga no ha acentuado el conflicto. Se fortaleció especialmente el proceso de mediación, tarea clave de la Dirección del Trabajo para colaborar en el entendimiento entre ambas partes. Tampoco afectó ni la calidad ni la oportunidad de empleos. Mientras que el promedio de cesantía entre el 2010-2014 se elevó al 6,9 por ciento, el Gobierno que termina cierra estos cuatro años con un promedio de un 6,4 por ciento. La Reforma Laboral también fomenta la participación de la mujer en la actividad y liderazgo sindical, en consonancia con el interés de la Presidenta Bachelet por impulsar políticas públicas con perspectiva de género. Más de 200 mil nuevas mujeres capacitadas y promoción de igualdad de condiciones, han permitido que la tasa de desocupación femenina disminuya al 7,2 por ciento. El trabajo estable, más participación y empleos en igualdad de condiciones, como también avanzar hacia la erradicación de la brecha salarial son los temas transversales para un escenario integrador e igualitario para miles de trabajadoras. Destaca de modo especial la Ley de Trabajadoras de Casas Particulares, que hace justicia con más de 500 mil trabajadoras que hoy ven reconocidos sus derechos laborales, contrato, remuneración mínima, jornada y descanso, y otros.
La necesidad de más diálogo para avanzar en acuerdos era sin duda una urgencia, así como también generar más condiciones para la productividad. Es preciso entonces dar cuenta que el dilema entre desarrollo productivo y derechos laborales es un falso debate. Las políticas públicas no son neutras. Avanzar en normas tenía que ver con reconocer carencias y precariedad, como también en hacer justicia social en materia laboral, poniéndonos al día como país y haciendo nuestras las normas internacionales que exigen a los países modernos políticas justas y pensando en todos. Ese será desde hoy el legado de la Presidenta Bachelet, con más de 39 leyes y una nueva Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, sin duda serán un aporte para construir un Chile de todos, con más diálogo social, más derechos y trabajo de calidad. Compromiso cumplido.
