Rossanna Oyarzún, directora ejecutiva de ONG AVANZA Inclusión
Este 1 de abril se cumplen tres años desde que empezó a regir la Ley N° 21.015, la cual exige la inclusión del 1% de personas con discapacidad en empresas de 100 o más personas trabajadoras.
En general, en este tercer aniversario de la entrada en vigencia de la Ley N° 21.015 tenemos una mirada positiva, ya que han habido cambios importantes: las empresas pasaron de querer incluir únicamente por cumplir con la ley, a preocuparse de generar acciones que impacten realmente en sus políticas, prácticas y cultura organizacional.
Un ejemplo de ello es la participación que han tenido las empresas en nuestro Programa de Apoyo para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad que estamos realizando junto a SENADIS por segundo año consecutivo, en donde queda de manifiesto las intenciones por generar estos cambios en las políticas organizacionales.
Sumado a lo anterior, podemos decir que las autoridades también se dieron cuenta que no era suficiente con obligar a las organizaciones a incluir, sino que era necesario prestarles los apoyos para que efectivamente fueran más inclusivas en el camino.
Es así como a partir de la Ley N° 21.015, y dadas las necesidades que fueron surgiendo con ella, en 2020 fue promulgada la nueva Ley N° 21.275, que modifica el código del trabajo, para exigir a las empresas pertinentes la adopción de medidas que faciliten la inclusión laboral de los trabajadores con discapacidad, pretendiendo formar y educar a la empresa en temáticas de inclusión a través de la incorporación de una persona experta dentro de las organizaciones, lo cual, sin duda, va a potenciar los objetivos que ya se han logrado en esta materia.
Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, y a que, en general, los procesos de selección se han vuelto más inclusivos, siguen existiendo personas que lamentablemente quedan marginadas del mundo laboral. Esto, probablemente, porque sigue existiendo la expectativa de contar con personas trabajadoras 100% independientes y autónomos, ignorando la necesidad de contar con ayudas técnicas o con el acompañamiento de instituciones dedicadas a promover la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.
El llamado es a que las organizaciones opten por una cultura más inclusiva, yendo más allá del cumplimiento de la Ley N° 21.015, y viendo este camino como una alternativa favorable tanto para la sociedad, como para la propia organización.
