Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Cada vez que hablan los expertos en temas de seguridad, el primer problema que advierten es la falta de cárceles en todo el país.
Dan varias razones. Con hacinamiento son verdaderas escuelas del delito. Impiden que algunos condenados piensen siquiera en volver a la normalidad. Hace imposible que se repartan en distintas cárceles a los integrantes de bandas extranjeras y nacionales. Aumentan los delitos al interior de los centros de detención, llegando a poco más de un homicidio al mes en el último año.
En las cárceles además resulta muy complicado impedir el acceso de los reos a celulares. Siempre se las arreglan para estar conectados. Piden que les tiren pelotas al interior y en ellas vienen droga y celulares. Con el aparato obtienen manejo sobre dinero digital y se mueven libremente pagando drogas o servicios al interior del penal. Hacen transferencias y obtienen todo lo que quieren.
De las 80 cárceles cerradas de todo el país, hay hacinamiento en 66, que tienen por sobre el cien por ciento de su capacidad. El Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache tiene capacidad para 84 reclusos, sin embargo, tiene en su interior a 174 reos, o sea, el 207% de ocupación, lo cual es un exceso que trae puras malas consecuencias. En la capital de la región, el Centro Penitenciario de Valparaíso, tiene un 144% de sobrepoblación.
Para nadie es un misterio que desde las cárceles se cometen estafas, se engaña a la gente, se organizan redes de tráfico, se cobra dinero y se vende mucha droga y todo tipo de servicios. Cuando cayeron en nuestra zona los del “Tren de Aragua”, hubo muchas prostitutas que cayeron con ellos, porque eran personas a las que tenían bajo su organización y obligadas a vender sus cuerpos. Se las ofrecía desde la cárcel y hasta recibían al interior de la cárcel, en sus celulares, el pago por los servicios sexuales de las mujeres que trabajaban para ellos.
Se necesitan más cárceles. También lo han dicho el Ministro de Justicia, los de Paz Ciudadana, los académicos universitarios. Todos opinan que estamos formando criminales y como dicen los delincuentes en su lenguaje, “cada vez que nos detienen nos mandan a la playa”, refiriéndose a que se van a un lugar donde no hacen nada, pueden estar al sol y no tienen que pagar ni uno. Además, los con mayor interés, reciben “cursos de capacitación”. Las cárceles son, por lo tanto, lo contrario a la reinserción, lo opuesto al sentido que alguna vez tuvieron de poder corregir a los internos a través de una pena aplicada por la justicia y un trabajo para reordenar sus vidas.
Al país, a nosotros, cada uno de esos delincuentes nos cuesta cerca de 800 mil pesos al mes. Se trata de un submundo complejo y muy diverso, donde hay pocas situaciones que puedan ser virtuosas. Más bien, todo anda mal adentro. Por eso hay quienes sostienen que habría internos que podrían cumplir su condena fuera de las cárceles, pero eso requiere estudiar caso a caso la situación de la población penal.
Pero, en definitiva, el Estado no ha movido un dedo para reparar esta situación y hace diez años que no se construye una cárcel nueva. Y para que tengamos una nueva edificación, entre anteproyecto, aprobación presupuestaria, licitación y construcción van a pasar por lo menos cuatro años más.
Y la inseguridad crece sin que podamos guardar a los delincuentes más peligrosos.
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