Por Roberto Silva Bijit
Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión, que es la libertad donde descansan las otras libertades. Sin la posibilidad de dar a conocer lo que está sucediendo es muy difícil que se pueda formar una opinión pública responsable. Sin opiniones libres no podríamos desplegar una sana convivencia y una democracia plena.
En el mundo entero, especialmente en estos oscuros días de guerra, la libertad toma cuerpo y se transforma en consumo indispensable, frente a actos totalitarios, frente a declaraciones de gobierno que quieren engañar o distorsionar la realidad. No hay a quien creerle entre Rusia y Ucrania. Mientras uno dice que hundió un buque, el otro dice que fue un incendio interno. Y así llevan muchas semanas mintiendo, sin que la libertad de expresión pueda defender a los millones de personas que se encuentran bajo la guerra. No saben si es verdad que pueden salir por tal o cual ciudad, si fue destruido un puente o una línea ferroviaria a través de la que se podrían mover. La falta de una verdad confiable, se nota demasiado en la guerra.
En nuestro país existe una ley que garantiza la libertad de expresión y que ha funcionado bien a lo largo de los últimos años, sin embargo, al interior de la Convención Constitucional, se ha producido una discusión que supone muchas incertidumbres en el sistema de medios de comunicación de Chile.
La Comisión de Sistema del Conocimiento está proponiendo poner en riesgo la estabilidad del sistema de concesiones radiales, que son frecuencias que el Estado entrega a particulares para que las administren a través de un complejo emprendimiento, que requiere experiencia y una alta inversión.
La mayoría de las radios de Chile se encuentran en manos de pequeñas empresas familiares, que a lo largo de los años han podido consolidar un medio de comunicación que sirve a la zona donde trabaja y emite sus sonidos, hechos de música y palabras, de noticias y recomendaciones, de mensajes publicitarios y mensajes solidarios. Son empresarios que dan trabajo, que tienen un estudio en el centro de las ciudades y una planta transmisora en los cerros.
La Convención propone que no se pueda transferir una concesión radial, dejando a sus administradores con las manos atadas respecto de sus instalaciones. Propone también un “reparto equitativo” del espectro radiofónico, subdividiéndolo para darle un tercio a nuevas radios estatales, otro tercio para radios públicas y dejando solo un tercio para radios particulares. Todas las experiencias que se conocen sobre estos sistemas han fracasado porque les falta el principal componente de libertad y pluralidad que tiene un espectro radiofónico manejado por pequeños empresarios libres, donde girando el dial se puede encontrar todo tipo de emisoras.
Por otro lado se trata de imponer la figura de un Consejo de Medios, que no será otra cosa que intentar controlar la línea editorial de cada medio de comunicación, desde donde burócratas estatales van a tener el poder de decidir qué es plural y qué no. Algo absurdo que sabemos que no podrá funcionar sin tener una cuota de totalitarismo, que es el peor enemigo de la libertad de expresión.
No queremos que la Convención siga intentando en varios meses y sin mayores estudios, borrar la legislación chilena, que por décadas se ha desarrollado y evolucionado desde el Congreso Nacional. No tiene sentido desarmar el Chile que tanto ha costado armar.
