Roberto Silva Bijit
Casi como para “celebrar” el aniversario de la intoxicación del año pasado, justo un año después del grave episodio, se produjo una nueva ola de contaminación a estudiantes de Puchuncaví. Ahora se consignaron 54 estudiantes afectados.
Esta vez fueron mareos y cefaleas, causados por emanaciones que parecían contener gas y cloro, pero que no pudieron ser medidas, ya que a los dos puntos donde hubo alumnos intoxicados, los organismos encargados de hacer mediciones llegaron tarde, cuando ya las emanaciones habían pasado.
Todos los políticos y parlamentarios que se habían quedado callados, como tratando de hacernos creer que el tema de la intoxicación estaba resuelto en Concón, Quintero y Puchuncaví, volvieron a sacar la voz para hacer declaraciones simples y torpes. Dijeron tonteras como que la contaminación fue “leve”, que está dentro de los parámetros, que las empresas tienen la culpa, que el informe de los Noruegos no sirvió para nada, que en diciembre habrá una red de monitoreo, que las estaciones de monitoreo no informaron nada y tantas otras afirmaciones inútiles.
Me quedo con las declaraciones de la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos, que con toda claridad explicó que el problema real es la salud de las personas, son los niños que vuelven a desmayarse, a vomitar o tener fuertes dolores de cabeza.
La incapacidad de poder determinar la fuente de la contaminación, de “pillar” a la empresa responsable, ha generado un verdadero hoyo negro, imposible de determinar su trasfondo y mucho menos sus soluciones. Las comunidades quedan expuestas a que estos episodios se sigan repitiendo.
Lo peor de todo es que el Estado de Chile, (no me refiero al gobierno que está muy ocupado en muchos temas) tiene abandonadas a tres comunas costeras que necesitan, piden y exigen protección. El famoso Plan de Descontaminación no ha logrado impedir, ni frenar ni detectar la contaminación, como quedó probado la mañana del martes.
El 5 de agosto, el jefe regional del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Martínez, le hizo llegar un escrito a la Corte de Apelaciones, para que ellos le pidan al Gobierno un informe de la manera en que están acatando el fallo de la Corte Suprema, que acogió los recursos de protección interpuestos por la comunidad por las intoxicaciones ocurridas hace un año. La Corte de Valparaíso envió un oficio el miércoles 14 pidiendo informes, pero el Ministerio de Salud, el de Interior y la Onemi, aún no responden lo solicitado.
Hay temas como la forma en que deben ser evacuadas las personas que sufran una intoxicación y su traslado hasta un centro asistencial, que hace rato deberían estar operando, pero se desconoce si han fijado alguna normativa.
Lamentablemente, no hay soluciones y las intoxicaciones continúan repitiéndose, sin que nadie escuche a nadie. Si se han burlado hasta de la Suprema, cómo no se van a burlar de los niños.
El único camino para resolver el problema en menos de seis meses sería trasladar las industrias contaminantes a Santiago, donde el gobierno actuaría en forma inmediata. Pero por allá, en esos rincones de la región, desde donde los humos no alcanzan a llegar a la Plaza de Armas de la capital, allá en esas playas con carbón y cielos oscurecidos, a nadie le importa lo que le pasó a mil personas hace un año y a estos 54 niños que lloraban con náuseas y dolores de cabeza el martes pasado.
