Cada vez se complejiza más la situación de Quintero y Puchuncaví, sin que se vea una salida clara a la crisis.
Se mezclan cinco factores claves para entender lo que está pasando.
1- La defensa sin claudicaciones de la salud de la gente, lo que ha obligado al Gobierno a movilizar al Ministerio de Salud, tanto para ampliar las capacidades del Hospital de Quintero como para brindar atención médica a los más de mil intoxicados que han pasado por el centro asistencial.
2- La necesidad de fiscalizar a las industrias que realizan emisiones en la zona, para lo cual la Superintendencia de Medio Ambiente y el ministerio han tratado de investigar para determinar las causas, sin que hayan podido llegar a nada claro, fuera de la urgencia de aumentar la norma y hacer cambios en la ley medioambiental chilena.
3- La obligación de apoyar a las organizaciones comunitarias, al comercio, los pescadores, el sector turístico-hotelero, que se han visto alicaídos y afectados por la crisis, como un rebote maligno que deja un tipo de “intoxicados económicos”.
4- La necesidad de poder distinguir entre los grupos verdes extremos que pretenden obtener algún beneficio político de la crisis y las organizaciones locales realmente interesadas en buscar soluciones al problema, para evitar el éxodo de familias desde la bahía.
5- La valoración de las industrias como fuente de trabajo tanto para la zona como para diversos sectores de la economía del país, ya que como dijo el Subsecretario de Minería, “las restricciones han tenido impacto. Si se prolongan, afectarán la mediana y pequeña minería”.
Sin embargo, entendiendo que estas cinco variables enunciadas deben ser consideradas en la solución de la crisis, lo más raro que ha pasado y lo que al parecer nadie tomó verdaderamente en cuenta, fue que el problema terminaría transformándose en un suceso policial.
Al igual que en las películas, atrás quedaron los técnicos, las autoridades políticas, los expertos de los ministerios, los inspectores de las estaciones de monitoreo, los académicos universitarios, los científicos extranjeros, los técnicos de las empresas, etcétera, y las primeras confirmaciones que nos dicen que vendrán son de la policía.
En paralelo a todo, sin gritar mucho, el fiscal de Quintero Mauricio Dunner, apoyado por una fiscal de otra zona de sacrificio como es Talcahuano, Ana María Aldana, comenzaron un trabajo que ya está entregando sus primeros frutos.
Nos parece que no habrían dicho nada todavía si no fuera porque dos detectives que investigaban la intoxicación, sufrieron los síntomas de las emanaciones y quedaron intoxicados. Sin parar, personal de la PDI y Carabineros, con apoyo de la Armada, han venido realizando por semanas una profunda investigación.
Cuando le preguntaron al fiscal Dunner si tenía claridad sobre los compuestos tóxicos que afectaron a la gente, su respuesta fue categórica: “Sí, sí sabemos, pero no puedo dar más información al respecto”. Agregó que estaban trabajando ciertos “blancos” en todo el “sitio del suceso” que es la bahía completa, revisando emanaciones que pudieron haber afectado aire, mar y tierra, para poder “configurar el delito”, para cada uno de los siete juicios en que trabajan.
En lo concreto la policía asegura haber usado medidores de sulfuro de hidrógeno, concentración explosiva de gases, porcentaje de oxígeno y monóxido de carbono, el analizador portátil de 120 tipos de gases, han empadronado a los intoxicados, entrevistado autoridades y tomado muestras en todas las empresas. Anuncian resultados en poco tiempo más.
Impensado que el caso medioambiental terminara en un caso policial.
