La investigación la inició de oficio la Fiscalía de San Felipe por hechos ocurridos en octubre del año pasado
SAN FELIPE.- Tras el análisis de una serie antecedentes que se tenían por una causa de apremio ilegítimo ocurrido en medio de las manifestaciones sociales del año recién pasado, la Fiscalía Local de San Felipe inició una investigación de oficio que culminó con la formalización de dos carabineros.
Los hechos habrían ocurrido al interior de la Segunda Comisaría de San Felipe, donde los funcionarios policiales habrían propinado golpizas a personas que estaban detenidas en los calabozos de dicha unidad, en medio del “estallido social” del año pasado.
El fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, explicó que “un funcionario policial quien se encontraba prestando servicio como vigilante de calabozos abusando de su cargo y funciones, de manera ilegítima, mediante una bofetada, golpea a un detenido, identificado como la víctima, Rafael Cortéz Valencia, quien se encontraba bajo su custodia esposado en el pasillo de calabozos de dicha unidad policial. A quien arrastra hacia el interior de la sala de evidencias ubicado contiguo al lugar de la agresión, en el calabozo me refiero, propinándole diversos golpes de puños y píes en dicho sector“.
“En el mismo lugar se encontraba un segundo funcionario policial también formalizado, que prestando apoyo de vigilante de calabozos presencio de manera directa la ocurrencia de dicho acto de apremio cometido en la persona del detenido, la víctima en este caso, quien no impidió o no hizo cesar la acción de agresión encontrándose en posición de hacerlo, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad”, agregó el fiscal.
Estos hechos, a juicio del Ministerio Público, configuran el delito de apremios ilegítimos, establecido en el art 150 letra D, del código penal, donde participan ambos funcionarios policiales. Uno de ellos como autor ejecutor del hecho y el otro como quien debía impedir dicha agresión.
Ambos carabineros quedaron con las medidas cautelares de arresto nocturno, firma mensual, arraigo nacional, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de comunicarse con la víctima. En la audiencia desarrollada de manera remota por el Juzgado de Garantía de San Felipe, la juez Carla Ricota Alcayaga, estableció un plazo de investigación de 90 días.
