Luis Araya Ossandón debió además pagar una indemnización a las dos víctimas
QUINTERO.- la Fiscalía de Quintero solicitó la suspensión condicional del procedimiento en contra del exdirector jurídico de la Municipalidad de Quintero, imputado por dos delitos de abuso sexual por sorpresa.
Se trata de Luis Araya Ossandón, a quien el Ministerio Público le imputó, en calidad de autor, dos delitos de abuso sexual por sorpresa registrados el 3 de diciembre de 2021 en Quintero.
Esto ocurrió en medio de una celebración de fin de año, en la que participó personal de la Oficina Jurídica de la Municipalidad de Quintero y donde de acuerdo con los datos entregados por Fiscalía el ex director jurídico le solicitó a una abogada del dicha oficina municipal hablar con él, para luego tocar su cuello, espalda y glúteos; mientras le hablaba sobre su futuro laboral y le comentaba sobre su desempeño en el trabajo; momento en que la mujer se levantó abruptamente y se dirigió al baño del recinto.
El segundo hecho ocurrió una vez terminada la celebración, cuando la víctima se fue caminando con otra compañera de trabajo a su domicilio, siendo seguidas por el acusado, quien ingresó a la casa pese a la negativa de ambas mujeres y donde se acerco a la segunda víctima, para tomarla con sus manos de los hombros y besarla en la boca a la fuerza.
Por estos hechos que se le imputaron, el ex director jurídico fue formalizado en julio de 2024 y esperaba con medidas cautelares, la resolución del juicio en su contra.
Sin embargo, por solicitud de la Fiscalía, en el Juzgado de Garantía de Quintero se llevó a cabo una audiencia para una salida alternativa, que en este caso fue la suspensión condicional del procedimiento.
El fiscal jefe de Quintero, Pablo Bravo, declaró que “en virtud de los antecedentes, del pronóstico de la pena y por los delitos formalizados y para evitar una posible revictimización de las víctimas en un posterior juicio oral, el Ministerio Público optó por esta salida alternativa” explicando que, para proceder a una suspensión condicional debe haber un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, y normalmente en caso de abuso, el fiscal pide la opinión de las víctimas, en torno a seguir adelante con la investigación o terminarla.
Finalmente, tras solicitar la suspensión condicional del procedimiento, el ex Director Jurídico de la Municipalidad de Quintero, tuvo que pagar 3 millones de pesos a cada una de las víctimas y fijar su domicilio, siendo sometido a prueba durante un año para cumplir lo decretado.
