Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Se suponía que el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su larga experiencia política, pondría una nota de equilibrio en la gestión del nuevo gobierno, sin embargo, sus declaraciones han sido muy desafortunadas y representan un contrasentido de su cargo.
Con miles de terrenos tomados a lo largo de todo el país, siendo nuestra región la que tiene los más altos porcentajes de ocupaciones ilegales, declaró a la prensa que en el caso de las tomas de terrenos privados son los dueños los que tienen que actuar y en el caso de los terrenos públicos será el Estado. En buen chileno, se lavó las manos de una responsabilidad ineludible de la autoridad y dejó a los privados sin la defensa del sistema gubernamental. La hija del empresario que fue asesinado por un sicario, cuatro días después que denunciara la toma de sus terrenos, expresó su dolor y desconsuelo con tanta falta de sensibilidad del ministro.
Hay cientos de lugares en que los privados no han podido hacer nada frente a una toma ilegal, quedando en el más completo desamparo del Estado de Chile. Algo verdaderamente injusto y ratificado por el propio ministro del ramo. Por eso la respuesta reclamando abandono de sus responsabilidades al estado vino de todos los sectores políticos. El senador Fidel Espinoza del PS dijo que “efectivamente la acción deben emprenderla los privados, pero quienes tienen que jugar un rol preponderante para restablecer el Estado de derecho” son los poderes gubernamentales. “El Estado no puede abstraerse de esa responsabilidad”. También el diputado Juan Antonio Coloma de la UDI se preguntó: “¿Dónde está el Estado de derecho cuando un ministro de Estado le dice a la gente que el Estado no está dispuesto a hacer nada para defender los terrenos que legítimamente poseen?”.
¿Qué hacer frente a una toma de terreno?
Mirando el caso desde la legislación actual, los propietarios tienen que hacer la denuncia dentro de las primeras doce horas, para que Carabineros -actuando conforme al artículo 457 del Código Penal-, pueda desalojar a los que están participando en una usurpación violenta de terrenos privados, que se están instalando en el lugar, ya sea haciendo uso de la fuerza o no, colocando barreras o cercando el sitio. Carabineros deben pillar “in fraganti” a los usurpadores y detenerlos para seguir el procedimiento de rigor. En muchas ocasiones Carabineros ha actuado de este modo, resguardando el Estado de derecho e impidiendo que se cometa un delito. No hace mucho, en un terreno de Lajarillas, en el sector Reñaca Alto, con la denuncia temprana de su propietaria, la policía pudo detener a ocho personas e impedir una toma ilegal en un terreno privado.
Los gobiernos -ya lo sabemos- están para asegurar la paz ciudadana a todos los chilenos, sin distinción de colores políticos ni sociales ni económicos, por eso resultan tan contraproducentes las declaraciones del ministro Montes.
No es posible desconocer que la toma de un terreno es un acto de violencia que implica usurparle una propiedad a una familia.
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