Por: Rodrigo Arroyo Bravo
Docente e investigador de la carrera de Psicología
Escuela Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad Viña del Mar
Hoy en día, una de las preocupaciones de padres, apoderados y comunidades escolares es el uso de dispositivos móviles por parte de los estudiantes y los impactos que dicho uso pueda tener en el aula.
La preocupación se hace patente si consideramos que una exhaustiva investigación reciente en nuestro país ha reportado que la edad promedio en que los niños chilenos han recibido su primer teléfono celular es cada vez más temprano (ha pasado de 11 años en el año 2016 a 8.9 años en el año 2022), y que el 87% de la muestra de NNA entre 9 y 17 años reportó contar con uno de estos dispositivos (KidsOnline Chile 2022, Centro de Políticas y Prácticas en Educación – CEPPE UC, et al., 2023).
En el discurso público, es usual suponer que los teléfonos en la sala de clases causan distracción y que su uso impacta negativamente en el rendimiento de los estudiantes. Incluso, una nota publicada recientemente en LUN da cuenta de “cómo mejoraron España, Suecia y Reino Unido luego de prohibir el celular en los colegios”, como una alternativa de bajo costo para incrementar el rendimiento académico o disminuir las prácticas de ciberbullying. Sin embargo, la evidencia que sustenta dichas prácticas prohibitivas está lejos de ser contundente.
Vamos por parte. La experiencia nos ha demostrado que el uso de ciertas app logra impactar positivamente cuando es diseñada e implementada de forma correcta. De igual modo, el que los estudiantes puedan compartir información de manera efectiva con sus pares y con sus docentes puede conducir a mejoras en el rendimiento académico. Por otro lado, la distracción que ofrecen constantemente estos dispositivos ha sido descrita como una variable importante en la disminución de los aprendizajes efectivos. ¿Entonces, es la prohibición una buena medida?
Las iniciativas que han sido implementadas por varias regiones o países no logran traducirse en efectos concretos. La experiencia de Reino Unido, recogida originalmente por Beland y Murphy respecto de 91 colegios ingleses publicada en 2016, mostró una correlación positiva entre la implementación de la política restrictiva y un aumento del desempeño académico. Sin embargo, una correlación no implica causalidad, y pueden existir diversas variables que expliquen este vínculo. El estudio dio cuenta de un efecto estimado de 0.06 que a todas luces resulta insignificante (a modo de ejemplo, un tamaño de efecto de 0.30 se considera un efecto pequeño). Dicho de otra forma, la prohibición no logró afectar ni positiva ni negativamente el rendimiento de los estudiantes.
La publicación del medio nacional también cita la experiencia sueca, donde relatan que dicha práctica logró “ningún impacto de la prohibición de teléfonos móviles en el rendimiento de los estudiantes”. Otros investigadores han buscado repetir la experiencia británica sin lograr traducir dicho esfuerzo en un resultado significativo, salvo cuando se consideró solo a un grupo menor de escuelas privadas (que alcanzan solo un 14% de las escuelas del país escandinavo).
Omitiendo los resultados ya presentados, las escasas investigaciones que han tratado el tema nos hablan de que las prácticas de prohibición son muy difíciles de implementar, básicamente porque ni los docentes ni los estudiantes siguen al pie de la letra tal prohibición, o bien su implementación resulta ineficiente en reducir el uso de teléfonos en la jornada escolar (los estudiantes usan a escondidas). Incluso, en los casos en que ha sido restringido el uso del teléfono con una mano “más dura”, se generan problemas entre estudiantes y sus profesores.
Así, la implementación de políticas de restricción de uso de tecnologías en el aula no cuenta con el peso fundamentado de la evidencia científica y, por tanto, si bien logra responder a algunas demandas y preocupaciones parentales o docentes, pareciese que las prohibiciones no son el camino a seguir.
Es claro que debemos seguir investigando para potenciar los posibles beneficios y disminuir los impactos negativos del uso de estos dispositivos en las manos infantiles, pero echar mano a políticas y prácticas prohibitivas sin sustento académico parece no solo sin sentido, sino que será una vez más un intento inútil en un área donde no podemos darnos tales lujos.
