El Mandatario podrá usar facultades administrativas para revertir el otorgamiento de dichos beneficios
ACTUALIDAD.- La tarde de este lunes, la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados se reunió con el fin de votar modificaciones a la norma que rige el otorgamiento de pensiones de gracia, y en el contexto de aquellas que fueron entregadas a delincuentes a propósito del estallido social de 2019.
En la oportunidad, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dio a conocer que el Presidente Boric hará uso de su facultad administrativa para revocar dichas pensiones.
Según consignó El Mercurio, Monsalve señaló que “la disposición del Presidente Boric es entregar una facultad para revocar (los beneficios); segundo, que esa facultad sea retroactiva (…) y que el Presidente de la República no va a esperar la ley para ocupar la facultad administrativa”.
“Debe existir la facultad para que los presidentes puedan revocar pensiones de gracia cuando haya personas (beneficiadas) que hayan cometido delitos o crímenes”, aseguró Monsalve. Sin embargo, el Subsecretario agregó que mientras no exista dicha facultad, el Presidente Boric podrá usar facultades administrativas para revertir esas pensiones.
Monsalve declaró que “todos saben que ha habido un debate jurídico respecto si hay facultades administrativas para revocar o no revocar las pensiones de gracia. Por esa razón la Subsecretaria pidió un informe jurídico a un abogado experto en materias administrativas y constitucionales. La conclusión a la que tengo acceso hoy día es que las decisiones administrativas como el caso de la entrega de un decreto de pensión de gracia, pueden ser revocadas por razones de oportunidad, por razones de mérito y por razones de conveniencia en la medida que se busque proteger el bien común. Nos parece que esas causales es posible encontrarlas para fundamentar la revocación de una pensión de gracia”.
Consultado respecto a los plazos para materializar esta gestión, Monsalve manifestó que “no me corresponde a mí fijarle los plazos al Presidente de la República (…) el Presidente ha decidido hacer uso de la facultad de revocación administrativa, se están fijando los criterios y no tengo ninguna duda a propósito de los plazos que el Presidente lo va a usar lo antes posible”.
No obstante lo anterior, el Subsecretario explicó que aunque el Presidente hará uso de su facultad administrativa, los afectados podrán acudir a la justicia para mantener el beneficio. De igual forma agregó que “ni el Presidente Sebastián Piñera, ni el Presidente Gabriel Boric tenían la obligación por ley de pedir los antecedentes penales. Ambos presidentes cumplieron con la ley, ambos presidentes cumplieron con la glosa de la ley de presupuestos, y ambos presidentes también aplicaron el reglamento que establecía la entrega de pensiones de gracia”.
Otorgamiento de pensiones
Cabe destacar que las mociones ingresadas apuntan a modificar la ley 18.056, sobre normas generales para el otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. La primera de ellas pretende limitar la discrecionalidad y fomentar la transparencia en su concesión; la segunda, impedir la concesión de este beneficio a peticionarios con antecedentes penales; y la tercera, impedir su aplicación a personas que registren condenas de carácter penal.
Durante la sesión en la comisión, Monsalve pidió más tiempo para poder legislar de manera de aplicar la ley y cumplir los objetivos señalados. “Creo que podemos legislar bien y podemos resolverle un problema al país y a los presidentes de la República. Lo único que le pido a la Comisión es que nos demos el espacio, no más allá de esta semana, para tener una propuesta que resuelva este problema de manera permanente y bien resuelto”, dijo. Sin embargo, no se alcanzó unanimidad en la comisión para admitir las indicaciones del Ejecutivo.
Por otra parte, Monsalve anunció que hoy lunes firmó una modificación al reglamento que tiene el Ministerio del Interior para que “nunca más se entregue una pensión de gracia sin el requisito de pedir previamente los antecedentes penales”, aunque aclaró que dicha modificación “no es suficiente”.
