Empresa construía galpones para albergar 20 mil aves y vecinos denunciaron el inminente impacto ambiental que iba a generar
OLMUÉ.- En el mes de febrero, “El Observador” dio a conocer la paralización de obras que decretó el municipio para una empresa avícola que pretendía instalarse en el sector de El Venado en Quebrada Alvarado. En la oportunidad, los vecinos denunciaron movimientos de tierra, tala de árboles nativos y la instalación de estructuras de gran magnitud, tras lo cual la Dirección de Obras fiscalizó en tres ocasiones, exigiendo paralizar las obras, hasta que se obtuvieran los permisos correspondientes.
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Sin embargo, las obras continuaron y, pese a que los vecinos conocieron que se habían dado algunos permisos sectoriales para su instalación, denunciaron una serie de irregularidades a través de documentos, fotografías y videos ante el Concejo Municipal, presentando además 200 firmas en contra de su instalación, lo que desencadenó una categórica decisión por parte de la alcaldesa Macarena Santelices.
“En los permisos ellos habían declarado ser una empresa tipo criadero familiar para consumo y venta local con no más de 500 aves, pero a metros de nuestras casas construyeron dos galpones de más de 900 metros cuadrados cada uno para unas 20 mil aves, realizaron detonaciones para volar una sección del cerro y parte de este material de piedras y rocas cayó en las casas, sin hablar de los riesgos para la salud, las moscas, los malos olores del guano que se encerraría en la zona, la posibilidad de enfermedades de las aves, plagas de roedores y la alteración del ecosistema con la tala de especies nativas y el sobreconsumo de agua, tan escasa en esta zona. Si ellos han hecho las cosas así hasta ahora, ¿quién nos asegura que respetarán las normas?”, indicó al respecto Paulina Caballero, vocera de los vecinos denunciantes.
Frente a esta problemática, la alcaldesa Macarena Santelices solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente ejercer sus facultades de fiscalización y solicitó medidas de urgencia que invaliden sus permisos obtenidos a la Gobernadora de Marga Marga, a la Seremi de Vivienda y el Seremi de Agricultura.
“La alcaldesa está muy preocupada por el riesgo de la salud, la calidad de vida y el futuro turístico y económico de la comunidad en Quebrada Alvarado. Con motivo de ello, paralelo al envío de estos oficios instruyó un decreto alcaldicio de demolición, según la faculta en su calidad de alcalde el artículo 148 de la Ley General de Urbanismo y Construcción. Como es un sector rural, concurrimos en reiteradas ocasiones a notificar, pero como ellos mantienen cámaras no salen a ser notificados, por lo que se envió el documento vía Correos de Chile y llegando el certificado de notificación procedemos a demoler, de lo contrario, la vía legal es notificar con tres publicaciones en un diario local para seguir con la demolición”, informó Javiera Toro León, abogada de la municipalidad.
“El Observador” se comunicó con la representante de la empresa, Pamela Galindo, quien escuetamente informó que “los papeles se han presentado y están en curso en la Seremi y la Municipalidad”.
