El caso surgió tras resolución de la Contraloría que señala que habrían creado informes copiando datos de la web
PAPUDO.- El próximo 29 de junio, en el Juzgado de Garantía de La Ligua, serán formalizados ocho funcionarios de la Municipalidad de Papudo, por los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible. El proceso busca que se establezcan las posibles responsabilidades penales de los hechos, que habrían ocurrido entre 2011 y 2014.
Entre los supuestos involucrados se encuentran el administrativo Guillermo Velasco; el auxiliar Hernán Palacios; el ex director de Desarrollo Comunitario, Mario Bustamante Encina; el secretario municipal y encargado de función de Control Interno, Alejandro Osorio Martínez; el secretario comunal de Planificación, Andrés Mejías Arenas y el jefe de Finanzas, Cristóbal Jaque Vargas, además del director de Obras, Jorge Rubio Quinteros y el administrativo Daniel Sammur Silva.
Según los antecedentes, en agosto de 2015 un vecino de Papudo acudió hasta la Contraloría Regional de Valparaíso para denunciar supuestas irregularidades, asegurando que “funcionarios de la planta de esa entidad edilicia, entre ellos, el Secretario Municipal y el Jefe de la Secretaría Comunal de Planificación, Secplac, han sido contratados bajo la modalidad de honorarios, lo que a su parecer no se ajusta a legalidad y podría constituir el pago de un sobresueldo”.
Según consta en la investigación, los funcionarios habrían entregado informes utilizando textos de páginas web “en gran parte, en forma textual y sin autorización de sus autores o sin hacer referencia a los mismos”, confirmó Contraloría. Con esta información se inició un juicio de cuentas con el fin de que se devuelvan los dineros pagados por los informes y se establezcan las responsabilidades civiles.
En paralelo a esto, la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso levantará cargos a los funcionarios. El abogado que los representa, Rafael Almarza, señaló que “el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado tienen la convicción profesional de que estamos frente a ilícitos penales, que hay un tipo de defraudación de recursos fiscales. La defensa tiene una opinión diametralmente distinta, lo que hay acá es una infracción de cumplimiento contractual. Los funcionarios fueron contratados legalmente para realizar fuera de su jornada de trabajo determinadas funciones a honorarios y se hizo con la ley y asesoría jurídica correspondiente”, argumentó.
Almarza agregó que si bien estos trabajos fueron considerados insuficientes por la Contraloría, es “equivocado decir que hay estafa. Si yo te contraté podría decir ´devuélveme la plata´ porque el trabajo que me entregaste no corresponde al estándar que yo hubiera esperado. Ese es el núcleo del conflicto”, concluyó.
De esta forma, se espera que durante la audiencia de formalización se inicie el proceso reglado y se conozcan las peticiones del Ministerio Público.
