No es necesario discutirlo, todos sabemos que existe una profunda desigualdad de los chilenos ante la ley. El que tienen mejores recursos se defiende mejor (como en Salud), el que ostenta un cargo político tiene penas menores (si las tiene) los sacerdotes y empresarios parecen intocables por el sistema (por sus redes sociales) y los narcos, que hagan lo que hagan quedan en libertad (gracias al dinero que usan para defenderse como si fueran balas).
Tres ejemplos: la justicia chilena no se atrevió a detener a Pinochet, lo tuvo que hacer un tribunal británico. La justicia chilena no se atrevió a incautar documentación al interior de un obispado, lo hizo solo cuando estaba en Chile la comisión enviada por el Papa. La justicia chilena todavía no condena a ningún político poderoso a los que ha logrado comprobarles fraudes e irregularidades.
Años llevan los procesos en contra de poderosos que han defraudado al Estado, que han hecho cohecho, que han entregado facturas ideológicamente falsas. Años sin que los metan presos, años sin que devuelvan el dinero que sustrajeron, años sin importarles todo el daño que le han causado a la confianza en el país.
Por estos días, la PDI busca -ya en calidad de prófuga- a la ex concejal de Limache, Cynthia Marín, a quien la Corte de Apelaciones sentenció a 10 años de presidio efectivo por el delito de fraude reiterado al Fisco.
En este caso en especial, la Justicia ha actuado con rapidez y eficiencia. Las diligencias comenzaron en el 2015 y en menos de dos años, el 4 de abril de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, la condenó a 10 años de presidio efectivo. El lunes 25 de junio la Corte de Apelaciones ratificó el fallo y ya tiene orden de detención en su contra. La policía la busca para encarcelarla.
Creemos que condenarla a 10 años aparece como una desproporción, si pensamos en las otras causas de los poderosos.
Longueira (que ya no puede ni poner cara de bueno) y sus cercanos, recibieron 730 millones de SQM. Todavía no pasa nada, como Jovino Novoa. El senador Pizarro y los “informes orales” que hicieron sus hijos (¿creerá que los chilenos somos todos idiotas?) le permitió sacar muchos millones de SQM. Hay causas contra el ex senador Fulvio Rossi, el ex diputado Roberto León, el ex ministro de Interior, Rodrigo Peñaillillo; el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami; el ex subsecretario Pablo Wagner y muchos otros que están buscando salidas alternativas, juicios abreviados, penas de libertad vigilada en sus casas y una serie de arreglines que les permitan evitar quedar tras las rejas.
Tanto Carlos Délano como Carlos Lavín, dueños de Penta, están llegando a un acuerdo con la Fiscalía para un juicio abreviado y condena en sus mansiones. Lo mismo la Papelera. Todos los poderosos arreglados.
Por eso frente al fallo de diez años de cárcel han surgido opiniones contrarias. El diputado Marcelo Schilling fue categórico: “No tengo ninguna fe en la igualdad ante la ley. Aquí mismo en la región hubo personas procesadas por delitos similares y no fueron sancionadas de ninguna manera. No hay una falta de pruebas en estos casos, sino que de voluntad de investigar”. El diputado Rodrigo González: “Hay una total asimetría entre unas investigaciones y otras”. Diputado Pablo Kast: “Lo que buscamos es sanciones parejas y que se aplique el máximo rigor de la ley. Creemos que históricamente en los delitos de cuello y corbata se han utilizado estas salidas alternativas que no han estado a la altura de lo que la sociedad demanda”. Diputado Diego Ibáñez: “Hay que medir con la misma vara. Cuando se ocupa un cargo de representación popular para defraudar al Fisco, se comete un gravísimo atentado contra la democracia”.
El abogado de Cynthia Marín, Juan Carlos Manríquez, asegura: “La señora Marín no cometió un fraude al Fisco. Ni un peso de los proyectos llegó a sus manos. Ni un peso lo retiró ella de algún banco y el saldo de lo no invertido siempre ha estado en una cuenta corriente a disposición y eso no se dice”.
Finalmente, quedémonos con la opinión del destacado ex fiscal Carlos Gajardo, que renunció al ver que no se actuaba contra los poderosos. Señaló: “A mi me parece que cuando la Fiscalía se ha estado enfrentando a personas con cargos políticos altos, como son senadores, diputados o ministros, ha tenido mucha menor intensidad en la persecución penal que ha ejercido, y eso es particularmente grave porque contraería el principio de la igualdad ante la ley”.
Conclusión: en Chile no hay igualdad ante la ley.
