Familia de Gonzalo Tapia busca que la justicia determine la responsabilidad civil de los antes mencionados, luego de la trágica determinación tomada por el profesional.
NOGALES.- Una demanda civil por perjuicios y falta de servicio en contra de la Municipalidad de Nogales, representada en su momento por la alcaldesa Margarita Osorio Pizarro, fue presentada ante el Juzgado de Letras de La Calera por parte de la familia del ex director de Obras Municipales, Víctor Gonzalo Tapia Vergara, quien falleció trágicamente el miércoles 29 de mayo.
La acción judicial asume la inquietud y el dolor de familiares, funcionarios y organizaciones laborales de la zona, las cuales han denunciado que la determinación del profesional, de quitarse la vida, se habría ceñido a “varios años de persecución, acoso y hostigamiento de la autoridad (comunal) de Nogales, la señora (Margarita) Osorio Pizarro”.
“(Esta demanda) tiene por objeto hacer efectiva la responsabilidad civil que le cabe a la administración por su actuar doloso y reiterado que durante años ejerció presión sobre el señor Víctor Gonzalo Tapia Vergara, al punto de llegar a tomar tan drástica decisión”, explicó a nuestro la abogada Ximena Olivares Cerpa, quien representa a la familia.
La acción fue presentada por la viuda e hijos de Víctor Gonzalo Tapia Vergara, quienes pretenden -a través de la justicia- que la Municipalidad de Nogales responda, “por medio de su máxima autoridad ante los efectos irreversibles que el actuar doloso de ésta causó en su familia y que cambió el rumbo de sus vidas para siempre”, explicó la abogada.
Razones de la demanda
De acuerdo a la demanda civil, se está acusando por el daño emergente y el daño moral que esta situación ha acarreado a la familia del arquitecto y ex director de Obras de Nogales, solicitando un monto compensatorio cercano a los 1.200 millones de pesos que, de prosperar la acción judicial, deberán ser asumidos por el municipio y su autoridad máxima.
La abogada Ximena Olivares Cerpa agregó: “Este proceso no solo busca, en parte, resarcir un daño que de suyo es irreparable, sino que también levantar una voz de alerta para que nunca más la autoridad que ostenta el poder crea que puede actuar contra la ley y vulnerar los derechos más elementales de sus trabajadores”.
Esta acción judicial se suma a la presentación de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) de la Provincia de Quillota que, el día 4 de junio de este año, solicitó a la Contraloría Regional una investigación sumaria denunciando presuntas presiones indebidas y otros hechos que habrían provocado la fatal decisión del profesional, quien ostentaba una larga y reconocida trayectoria en el municipio.
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