Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Cada vez que un niño debe ir al hospital por presentar síntomas de intoxicación, se levantan miles de voces que gritan de todo, pero que finalmente consiguen muy poco.
Ya se ha hecho tradicional. Episodios y gritos. Soluciones reales ninguna. Todos los gobiernos, desde 1990 en adelante (porque Pinochet tenía suspendida la contaminación y nunca en su mandato se pudo hablar de ella) han anunciado gestiones, han dado sus propios gritos, pero la amplia zona que va desde Concón a Quintero, Puchuncaví y Ventanas sigue igual… y a veces peor.
Historias para contar hay cientos. Se cierra la contaminada Escuela La Greda. Construyen una nueva a dos mil metros de distancia, una chacota. Gritos cuando vieron llegar a Piñera al hospital. Piñera promete mejorar el hospital. Solo quedamos en los gritos, el hospital está igual. Entre septiembre y octubre de 2018, se registraron 1.359 intoxicados. Gritos, marchas, más gritos. Todavía -después de casi cuatro años- no se sabe con qué se contaminaron las personas ni qué empresa emitió el gas contaminante. O sea, no se sabe nada. Puros gritos. Anduvo la PDI, los ministerios, la Superintendencia de Medio Ambiente, las seremis, los alcaldes, los grupos ecologistas, una empresa experta de Noruega. Gritos de la gente, gritos de los políticos. Resultado: misterio, todavía investigan para determinar el gas y de dónde vino. Una burla a toda la comunidad y a todo el país. Una muestra más de la insolente incapacidad del Estado.
Por si fuera poco, después de los episodios de 2018, la mismísima Corte Suprema de la República de Chile emitió en el 2019 un fallo que todos consideraron histórico, donde reconocía el incumplimiento del Estado en la crisis ambiental y pedía la aplicación de 15 medidas. Quedó como un grito supremo.
Ahora último, antes de los episodios de la semana pasada, que dejaron 217 personas contaminadas que acudieron a un centro de salud, la Contraloría se pronunció el 2 de mayo, mediante un fallo en el que señalaba que: “Es probable que la eventual situación de riesgo a la salud de las personas se mantenga en el mediano plazo”.
La alerta de la Contraloría consta de 106 páginas en la cual realiza una auditoría al Plan de Descontaminación, señalando que detectó: “actuaciones descoordinadas, sin la definición de objetivos comunes, identificación de metas y responsables” que explican el fracaso de la gestión ambiental. Plantea que continúa el riesgo por Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), por el arsénico (que aparece en la sangre de los niños… “pero bajo la norma” …, esa si es brutalidad) porque las normas de calidad primaria que se están elaborando se podrán cumplir en el largo plazo, mientras tanto, todo sigue igual. La Contraloría insiste: “No hay enfoque preventivo”, no se consideran los metales pesados, gases y compuestos orgánicos persistentes. No se han revisado normas de dióxido de carbono sino solo dióxido de azufre. No hay gestión para remediar suelos contaminados ni para vigilar la salud de la población, especialmente el plomo en los niños menores de dos años.
Las autoridades de Quintero y Puchuncaví siguen pasivas. Mirando cómo la gente grita, cómo la gente corta el camino, cómo levantan letreros. Las autoridades hace años que vienen escuchando gritos, pero después se van a sus oficinas y no pasa nada. Todo sigue igual y peor. Creen que el remedio es pedir unas cuantas audiencias.
Abran los ojos, lo que tienen que hacer es buscar soluciones reales, que deben basarse no en gritar, sino en hacer cumplir las medidas que planteó el fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones que acaba de entregar la Contraloría.
Ni gritar, ni escuchar gritos. Trabajar con objetivos claros. La salud de la gente no es un asunto político, de votos o declaraciones valientes. Para ir mejorando las zonas de sacrificio deben trabajar concretamente en lograr objetivos.
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