Las familias construyeron viviendas ocupando ilegalmente el terreno del sector Calichero, cuyos deslindes estaban en un conflicto legal que terminó el crimen por sicariato del empresario conconino.
QUILPUÉ.- En los próximos días el Ministerio de Vivienda y Urbanismo Valparaíso comenzará la demolición de las casas emplazadas en 21 lotes de terreno, que desde el año 2020 han sido ocupados de manera ilegal por 48 familias en el sector Calichero de Quilpué.
El terreno pertenecía al fallecido empresario Alejandro Correa, quien fue asesinado el 18 de mayo del año 2020, por la acción de un sicario en la comuna de Concón.
Un crimen que tuvo gran repercusión nacional y del cual ya hay varias personas cumpliendo condenas y que precisamente se relacionó al conflicto que existía entre uno de los condenados y el empresario, con quien había un litigio por los límites de los terrenos que ambos poseían en este sector de Quilpué.
Tras la muerte del empresario, la familia logró mediante un recurso de protección contra el Minvu, comenzar a recuperar esta propiedad y la corte de Apelaciones de Valparaíso obligó al organismo estatal a hacer efectivo el desalojo y demolición, por lo que se realizan diversas acciones para reubicar a las familias y demoler en el terreno del fallecido empresario.
Casas están en zona de riesgo
En este contexto, la seremi Minvu Valparaíso, Belén Paredes, manifestó que ya se realizó la publicación en el Diario Oficial de esta orden de desalojo y demolición y además se han sostenido dos reuniones con las familias ocupantes.
Sin embargo, la orden de demolición se fundamenta en que las viviendas fueron construidas ilegalmente, sin permisos de obras, en un terreno con riesgo de remoción de masas y sin respetar el Plan Regulador de Quilpué y no menciona el hecho que son terrenos privados tomados por terceros.
“La orden de demolición fue decretada por el incumplimiento a la legalidad urbanística y el peligro que corren las familias al estar emplazadas en zona de riesgo. Hemos realizado dos reuniones, una el 27 de septiembre, en la que se dio a conocer la resolución y fecha de notificación; mientras que, el 8 de octubre se realizó una mesa de trabajo intersectorial, con las familias, municipio y Serviu de Valparaíso, con la finalidad de conocer la situación de las familias ocupantes y vías de solución”, detalló la seremi.
Cabe mencionar que tras la publicación de los tres avisos en el diario oficial, existe un plazo de 10 días para interponer reclamación judicial ante el Juzgado de letras Quilpué, de lo contrario, Serviu Valparaíso realizará la demolición con auxilio de la fuerza pública.
Respecto a esta acción, la familia del fallecido empresario ha manifestado que esto es un avance en el reconocimiento de sus derechos constitucionales y un paso importante para ir cerrando este capítulo de injusticia que está inconcluso, agregando que esperan que este “sea un proceso amable y con voluntad de todas las partes”.
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(Imagen principal vía RRSS)
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