Uno de los puntos que ha generado el retraso de la construcción de las torres de alta tensión ha sido la resistencia de los comuneros de La Dormida en Olmué
OLMUÉ.- El 20 de febrero de este año, la empresa Interchile, a cargo de la construcción y operación de la línea de torres de alta tensión Cardones-Polpaico, anunció que aplazaría en 135 días el término de las obras, asegurando que han existido una serie de hechos de fuerza mayor “ajenos al control de la empresa” que han impedido un avance normal en la construcción de las torres de alta tensión.
Sin embargo, una semana después de este anuncio, el Ministerio de Energía emitió este jueves un comunicado en el que indicó que los hechos de fuerza mayor no justifican un retraso tan extenso en las obras, por lo que se aplicará la sanción que indica la ley en casos de retraso: poner en ejecución la boleta de garantía emitida por la empresa correspondiente a un monto de 2 millones 602 mil dólares.
Según explicó el Ministerio, “si bien existieron circunstancias imposibles de ser previstas y evitadas -que efectivamente no dependieron del actuar de Interchile- no todos los hechos alegados pueden ser considerados como fuerza mayor. Ello, teniendo a la vista tanto situaciones similares ocurridas en el desarrollo de otros proyectos, como la jurisprudencia administrativa y judicial existente en la materia”.
Es que, según argumentó Interchile, el retraso de 135 días en las obras se ha debido a la resistencia que han puesto los comuneros de La Dormida en Olmué para impedir la construcción de torres.
Sin embargo, desde el Ministerio de Energía señalaron que aquel problema sólo justificaría 84 días de retraso, quedando aún otros 51 días sin acreditar. “Se ha declarado la concurrencia parcial de fuerza mayor en el cumplimiento de la fecha de entrada en operación del tramo 2 del proyecto sólo respecto de 84 días, de los 135 días que constituyeron el retraso en su totalidad”, señalan.
PIDEN QUE LOS 51 DÍAS SEAN CONSIDERADOS
Frente a este anuncio del Ministerio de Energía, la empresa Interchile emitió un comunicado en el que emplaza al gobierno a reconsiderar los 51 días que no están siendo concedidos, argumentando que ha existido una complejidad alta en la ejecución del proyecto.
“La empresa tiene la convicción de que los argumentos presentados acreditan de manera contundente todos los obstáculos de fuerza mayor que fueron alegados y, por tanto, tiene derecho a que los restantes 51 días de retraso no concedidos como constitutivos de fuerza mayor, sean reconsiderados. Creemos que la aplicación de criterios de jurisprudencia administrativa y judicial basada en la realidad de proyectos anteriores, no refleja las complejidades particulares de este proyecto”, indican.
Además, Interchile agregó que “la empresa está evaluando todas las alternativas que la ley chilena le otorga, y se reserva el derecho de ejercerlas una vez haya hecho un análisis de los actos administrativos emitidos por el Ministerio de Energía”.
