Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Un alcalde de izquierda, que antes atacó a los militares, ahora está pidiéndole al Presidente Boric que esos mismos militares salgan a la calle a controlar el orden público. El Presidente dijo que lo estaba pensando, demostrando lo mal que está todo en seguridad.
Un nuevo y muy asombroso caso de la inconsecuencia de los políticos. Primero los condenan por la dictadura, después los persiguen por derechos humanos, a cientos los encarcelan, niegan durante años y años todas las leyes que permiten una mejor persecución de los delincuentes y ahora les quieren pedir que salgan a la calle.
Muchos de los actuales miembros de las Fuerzas Armadas tienen a sus padres, tíos, abuelos o primos en la cárcel de Punta Peuco, cumpliendo condena. Muchos de ellos por haber cumplido órdenes, ya que ningún gobierno quiso aceptar la razonable norma de la obediencia debida. Un teniente no tiene ninguna autoridad al interior de un regimiento. Al igual que un jefe de área al interior de un ministerio. La responsabilidad, en el mundo militar y en el mundo civil es del jefe o de los jefes, pero nunca de los subordinados.
Los que quieren pensar que todos los militares son culpables es porque no hicieron el servicio militar, porque no entienden cómo funciona el mando al interior de una unidad o porque simplemente no quieren ver la realidad.
Es incomprensible que después de todo eso y sin ninguna legislación importante que les permita actuar sin tener que caer presos después, les pidan a los uniformados que salgan a la calle y puedan ingresar donde nadie quiere: tomas ilegales, zonas impenetrables del hampa, territorios (para usar la palabrita) independientes donde se mueven delincuentes y terroristas levantando la bandera mapuche, áreas de infraestructura crítica o barrios muy complejos, es decir, repletos de vendedores de droga, lo que significa mucho dinero y muchas armas.
La misión de los políticos es legislar y en este tema lo han hecho pésimo. El propio Boric mandó un proyecto de ley en el que pone condiciones al uso de la fuerza por parte de la autoridad policial o militar. Era tan absurdo pedirlo en estos tiempos, que una vez más, se tuvo que retractar y retiró el proyecto.
En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional el comandante en jefe del Ejército lo dijo clarito: “Estamos capacitados para resguardar infraestructura crítica pero para el control del orden público son tareas en las que hay que interactuar con la población, para lo que carecemos de entrenamiento, educación o equipamiento adecuado”.
El tema de pedir militares en la calle seguirá vigente y la petición seguirá creciendo en la misma medida que crece el desorden en la seguridad nacional. Lo que hay que hacer, como dijo un ex ministro del Interior, “es consensuar el tema de las reglas del uso de la fuerza. Es mejor asumir que seguir postergando lo que parece inevitable”. Además, dictar leyes que protejan el actuar público de policías y militares, para impedir que después de defender la seguridad los persigan en tribunales. O como dijo el periodista Daniel Matamala: “Despachar una Ley de Inteligencia que lleva seis años en trámite, crear el Ministerio de Seguridad y aprobar las aún pendientes reglas del uso de la fuerza”.
¿Qué le pasó al alcalde Vodanovic de Maipú, miembro de Revolución Democrática, que pide presencia militar en tareas de seguridad?
No estoy seguro, pero creo que recién ahora, con el crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda, asesinado y sepultado en una gigantesca toma ilegal de su comuna, abrió los ojos, vio la crisis profunda y pidió ayuda militar.
Pero, ¿qué entendió de ese crimen que lo hizo tener ese cambio tan brusco?
No estoy seguro, pero creo que cuando le contaron que posiblemente a Ojeda lo metieron vivo adentro de la maleta, que lo sepultaron vivo debajo de una capa de cemento, que “profesionales” del crimen se movían cerca de su propia alcaldía, empezó a sentir temor y pidió ayuda.
Fotografía de redes sociales
