Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
La masa laboral de Chile no es muy grande, sin embargo, tiene un millón de empleados públicos y eso es muchísimo. Solo en el último año creció en un 12%, lo cual también es una exageración. Todo esto sin contar al personal de las Fuerzas Armadas.
El Estado tiene sobrepobladas sus reparticiones porque en todos los gobiernos, del color que sean, pagan favores políticos contratando amigos, familiares y partidarios. Ese vicio ocurre cada cuatro años. Pero en el caso del Estado el tema se agrava porque muchos de esos empleos son con personas que ingresan apuraditos a las plantas y se quedan apernados para siempre.
Especialmente vemos esta situación en los municipios, donde cuesta mucho remover personas que, aunque hagan mal su trabajo, son inamovibles por la forma de su contrato. Esta forma impide que los alcaldes puedan utilizar los recursos en los mejores equipos de trabajo para su administración.
Solo por poner un ejemplo, el municipio de Quillota tiene 3.000 funcionarios. Cerca de mil en el propio municipio, mil en educación y mil en salud. Como es posible entender, se trata de la empresa más grande de la ciudad, la que tiene la mayor cantidad de profesionales y empleados, y por lo tanto, constituyen también un significativo aporte económico real a la vida de la comuna.
Este hecho se repite en casi todas las comunas de la región y del país, donde el municipio es la mayor fuente de contratación.
En tanto, en el área privada, el empleo estable ha bajado considerablemente. Hay cerca de 40.000 despidos por “necesidades de la empresa”, lo cual marca la crisis económica profunda que vive el país.
No hay reactivación económica en el sector privado y eso incide en todos los ámbitos de la economía de las familias. Esos empleados deben trabajar para lograr reunir el dinero necesario para que su empresa les pueda pagar sueldos y previsión a diferencia de los empleos públicos, donde el pago está asegurado y se les pagan las remuneraciones con fondos fiscales, es decir, con el dinero que a través de los impuestos aportamos todos los chilenos.
Los recursos fiscales no son inagotables, por el contrario, tienen límites y tal como está quedando demostrado ahora, muchas reparticiones públicas no cuentan con el presupuesto completo para sus operaciones. Hemos escuchado a funcionarios de hospitales plantear que tienen escasez de insumos y que les prometieron que los fondos llegarían en marzo.
También sabemos que las exigencias en el sector privado son más altas que en el sector público, lo que permite que se sobre aumenten las dotaciones en algunas oficinas, sin que nadie ponga ningún tipo de reparos.
El empleo que hacemos los privados cumple con todas las normas legales, sin embargo, el Estado se da muchas licencias abusivas para con los funcionarios públicos. Contratos a honorarios, exageradas horas extras, contratos anuales, etc.
Sería muy bueno que todos los chilenos tuviéramos un solo Código del Trabajo, justo e igual para todos. Creo que el mundo público necesita renovarse y cumplir con dichas normativas.
Los expertos han advertido situaciones complejas con las contrataciones estatales. Señalan que, comparando los datos administrativos de los últimos diez años, los puestos de trabajo en el Gobierno Central -sin incluir los municipios- han aumentado en un 57%, mientras que el empleo privado solo creció en un 12%.
¿No será mucho un 57%? No parece razonable para el crecimiento del país que la masa de empleados fiscales crezca cuatro veces más que la privada. Algo está fallando, especialmente si consideramos los temas de productividad y aporte económico al país.
*Fotografía Redes Sociales.
