Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Hace rato que existe un descontrol en las redes sociales, donde mucha gente, con todo tipo de facilidades, puede referirse mal de otra persona, inventar mentiras, descalificarlo y condenarlo solo en base a los argumentos del que ataca.
En verdad, hay mucha gente que cree que puede decir lo que se le antoja por las redes sociales sin que nadie lo pueda perseguir para hacerlo responsable de sus correos, mensajes de texto, imágenes, Wasap, Twitter, Instagram, Tik Tok o Facebook.
Pero no es así. Hoy en día, cada vez es más posible que los afectados se querellen contra quienes hacen acusaciones injuriosas, denuncias infundadas, amenazas o desprestigian a personas. Ya hay muchos casos donde la Justicia ha fallado sobre el tema, porque lo que se quiere evitar es la condena pública anticipada por las redes virtuales, porque eso constituye una condena antes que la dicte el tribunal.
Hace unos días una señora se quejaba amargamente en el diario porque le habían hecho por Facebook una grave acusación como mantenedora de dos perros. Le decían que los estaba dejando morir de hambre. Incluso la amenazaron en el mismo sitio. Al rato, cientos de personas la funaron, dieron la dirección de su casa, la descalificaron como profesional y muchísimas otras cosas más. Todo lo que ella pudo desmentir no logró ni imponer su verdad ni condenar a los condenadores.
Ella no pudo defenderse como quería y la gente terminó dándole un castigo por sus propias manos, sin esperar a la Justicia. Eso puede llevar a que la gente se equivoque más de alguna vez, pero será demasiado tarde para corregir.
En nuestra zona tenemos algunos casos donde también han sido castigados los que han injuriado por Internet, tratando de escudarse en el anonimato, pero sin conseguirlo. En todo caso son muy pocos, ya que la mayoría prefiere también desahogarse en las mismas redes y no llevarlos a la justicia.
Cuando el tribunal le encarga a la PDI investigar casos por amenazas a través de redes sociales, correos o mensajes de texto; una vez que reciben la orden del juzgado pueden pedir antecedentes hasta en el extranjero, consultando a países como Estados Unidos, donde están los proveedores de las redes sociales, con el objetivo de obtener información. Además, solicitan antecedentes a empresas privadas a fin de recoger los datos de la IP o el teléfono celular desde donde se envió el mensaje con la intimidación.
A pesar de la poca legislación existente y del poco interés que han tenido los parlamentarios de hacer una ley sobre el asunto, cada vez con mayor fuerza los tribunales están revisando casos vinculados a delitos digitales, y en muchos procesos, fallando para restablecer los derechos de los afectados.
Gracias a estas situaciones, se les ha complicado el camino a los injuriadores por las redes sociales o por su teléfono celular, ya que tanto la policía como la Justicia, están comenzando a actuar para defender a quienes han sido calumniados injustamente.
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