La iniciativa que nace a causa de la muerte de Antonia Barra, contempla dos nuevas figuras
ACTUALIDAD.- Durante la jornada de hoy, la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó con 125 votos a favor y 12 abstenciones, el informe elaborado por la Comisión mixta que busca incluir dos nuevas figuras en el Código Penal.
La propuesta por un lado, castiga a quien, en el marco de violencia de género, cause el suicidio de una mujer. Esta persona recibirá pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo como autor de suicidio femicida. Es decir, de tres años y un día a diez años.
Luego, define que la violencia de género es cualquier acción u omisión basada en el género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer. Ello, donde quiera que esto ocurra, especialmente en razón de su género.
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INDUCCIÓN AL SUICIDIO
Por otro lado, el proyecto también castiga a quien induzca a otra persona a cometer suicidio con presidio menor en sus grados mínimos a medio. O sea, de sesenta y un días a tres años.
Pero, si por tal circunstancia se produce la muerte, la pena será de presidio menor en sus grados medio a máximo. Esto es, entre 541 días a cinco años.
Si la inducción al suicidio y la consecuente muerte de la víctima se producen en un contexto relativo al género, el agresor recibirá la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Lo anterior equivale a un lapso de tres años y un día a diez años.
EVITAR LA REVICTIMIZACIÓN
Entre otras materias, el proyecto plantea la capacitación de personal en formación en género para evitar la revictimización. Además se incorpora la anticipación de la prueba, con el fin de evitar la victimización secundaria.
El Estatuto de Garantía a favor de las víctimas de delitos sexuales dispone cambios en el Código Procesal Penal. Así, por ejemplo, se establece la no revictimización y la protección de los datos personales. Pero, además, el enfoque intersectorial y perspectiva de género, acceso y asistencia, junto con evitar cuestionamientos por la conducta anterior o vida privada de la víctima.
De la misma manera, los jueces deberán impedir preguntas que puedan humillar, causar sufrimiento o lesionar la dignidad de la víctima. Adicionalmente, se incorporan medidas de prisión preventiva en estupro, abuso sexual calificado, abuso sexual y trata de personas.
Cabe recordar que La Ley Antonia surgió a iniciativa de las diputadas Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), junto a los exdiputados y exdiputadas Marcelo Díaz, Gonzalo Fuenzalida, Paulina Núñez y Marcela Sabat.
Ahora, solo falta que el Senado revise la iniciativa para su despacho al Ejecutivo.
