Rossanna Oyarzún, Directora Ejecutiva de AVANZA Inclusión
La última semana del mes de septiembre se conmemora el día de las personas con discapacidad auditiva. Según cifras del Censo Nacional del año 2012, 488.511 personas son sordas o tienen problemas de audición en Chile (Instituto Nacional de Estadística, 2012). Por otra parte, en el II Estudio Nacional de Discapacidad (Instituto Nacional de Estadística, 2015) se indica que el 8,2% de la población chilena adulta con discapacidad presenta algún grado de pérdida auditiva.
A lo anterior se suma que el nivel educacional alcanzado por las personas sordas en nuestro país es muy bajo en comparación a la población general: el 59% de los adultos sordos no tiene estudios más allá de la enseñanza básica; un 6,84% no tiene educación formal, un 33,33% tiene enseñanza básica incompleta y un 18,8% completó la enseñanza básica (Instituto Nacional de Estadística, 2015).
A lo largo de la historia las personas con discapacidad auditiva han experimentado la marginación y discriminación, e incluso, en muchas sociedades, continúan siendo excluidas producto de la falta de reconocimiento y valoración de su lengua y su cultura (du Feu y Chovaz, 2014).
El Informe Olivenza del año 2010 señala que el empleo es considerado en la sociedad moderna, como la principal vía de inclusión, movilidad social y participación, ofreciendo seguridad social y personal, además de estar vinculado a otros derechos ciudadanos.
Lograr conseguir un empleo en nuestro país no es una tarea fácil, sobre todo en el último tiempo producto de la crisis sanitaria, que ha dejado al descubierto la fragilidad y vulnerabilidad del modelo socioeconómico. Sin embargo, para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, esto no es un fenómeno nuevo. Es por esta razón que es fundamental que las normas jurídicas nacionales consagren principios de seguridad social, dignidad y equidad que permitan la real inclusión de las personas que tienen discapacidad y a su vez, fomenten un trabajo colaborativo y educativo que permita la real inclusión de todas las personas que se encuentran con alto riesgo de exclusión social.
Si bien la ley N°20.422, promulgada el año 2010, establece normas sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y la Lengua de Señas Chilena (LSCh) es mencionada como “medio de comunicación natural de la comunidad sorda” (Artículo 26), solo en enero de 2021 se aprobó la Ley N°21.303 que modifica este artículo, señalándola como “lengua natural, originaria y patrimonio intangible de las personas sordas, así como elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva”, afirmando que “el Estado reconoce su carácter de lengua oficial de las personas sordas” e introduce tres nuevos conceptos a la Ley Nº20.422: persona sorda, persona con discapacidad auditiva y comunidad sorda.
Sumado a lo anterior, “el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y a hacer respetar” los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándoles el acceso a servicios públicos y privados, a la educación, al mercado laboral, la salud y demás ámbitos de la vida en lengua de señas.
¿Cómo lograr en el corto y mediano plazo fomentar la inclusión social en el mundo del trabajo de las personas con discapacidad auditiva?
Para las personas sordas, la lengua de señas (LSCh en nuestro caso) es su primera lengua y el elemento central de su cultura (Ladd, 2003). El español es su segunda lengua y por su naturaleza oral, supone barreras semánticas que limitan significativamente las posibilidades de comunicación con personas que desconocen la LSCh. Esta lengua no solo permite fluidez y precisión en la comunicación, sino que es un componente altamente significativo en la identidad de las personas sordas y su cultura, lo que las lleva a reconocerse como una minoría cultural y lingüística (Lane, 2005).
Para que las personas sordas logren tener un rol activo en nuestra sociedad y puedan, entre otras cosas, desenvolverse laboralmente debiésemos generar acciones que permitan fomentar e impulsar la difusión de la LSCh desde el proceso de educación inicial, así como el acceso de la información y la comunicación.
A su vez, es necesario desprenderse de prejuicios que constituyen una injusticia para las personas con discapacidad auditiva, que han tenido que soportar exclusión social y diversas barreras sociales impuestas durante la mayor parte de nuestra historia.
