Hace algunos días en el sur del país se conoció el brutal crimen que habría cometido un padre contra su pequeña hija, Sophia, de solo un año. Según las primeras investigaciones este hombre la habría aplastado y maltratado hasta darle muerte, un hecho que indigna y no deja indiferente a nadie.
Periodista
Hace algunas semanas en Quillota, un hombre intentó secuestrar a dos niñitas de seis años, con la clara intención de llevarlas a un sitio eriazo y abusar de ellas, hecho que al ser conocido por la ciudadanía causó el repudio contra el “maldito” que intentó atacar a unas indefensas pequeñas.
Y muchas veces no son solo menores de edad las víctimas de abusadores, violadores o hombres que parecen animales sin razonamiento, que aprovechan su fuerza para maltratar a las mujeres. Desafortunadamente, en el último tiempo se ha vuelto recurrente el conocer crimines contra mujeres o pequeños y pequeñas indefensos.
Ante este tipo de hechos y específicamente lo ocurrido en el pueblo de Alerce, cerca de Puerto Montt, muchas personas han comenzado a levantar una bandera de lucha para exigir la “Ley Sophia”, pidiendo reponer la pena de muerte para este tipo de delitos.
Creo que si algún cercano o familiar fuera víctima de un abuso, lo primero que pensaría es que hay que matar al abusador, golpearlo y hacerlo sufrir lo mismo que sufrió su víctima, pues la desesperación, impotencia y rabia de un ser humano siempre se manifiesta con la idea de cobrar venganza o aplicar el tan conocido “ojo por ojo”.
Sin embargo, abordando el tema desde otra perspectiva, una pena de muerte no los haría pagar por sus culpas, pues si bien no tenemos claro dónde vamos después de la muerte, no creo que en otra vida se les cobre la maldad que hayan hecho en la tierra.
Lo que se debe hacer es intensificar las penas y hacerlas cumplir a cabalidad, para que sean condenas realmente ejemplificadoras, ya que para muchas personas enviar a un delincuente de este tipo a una cárcel -donde aunque esté en condiciones de hacinamiento, tendrá comida, techo y abrigo- no es un castigo real, sin considerar que la legislación les permite ser trasladados a cárceles donde estarán más seguros, para no sufrir agresiones de parte de otros reos.
Pero si está claro que debemos movilizarnos, hacer que la justicia se cumpla, que el parlamento cambie en algo las leyes, entregue mayor seguridad a las víctimas y este tipo de abusos no sean un pan de cada día.
