Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Por fin llegará la fecha en que deba cumplirse el fallo de la Corte Suprema, cuyo plazo fatal fue fijado para el 18 de agosto, es decir, el próximo viernes.
Después de muchas tramitaciones y postergaciones, llegó la hora en que la justicia restablecerá derechos usurpados y avanzará en fijar normas para impedir que el desorden de las tomas siga destruyendo la convivencia que queda.
La principal característica de la toma VIP en el fundo Santa Rosa de Colmo ha sido la violencia, el ataque directo como agresión física y por la espalda a un periodista de este diario, la agresión a muchos otros periodistas que han llegado a reportear al sector, la violencia con que rechazaron a Carabineros, la violencia con que no dejaron ingresar a los funcionarios municipales de Quillota ni a los funcionarios del Ministerio de la Vivienda.
El Delegado Provincial señaló que: “Las personas que ocupan estos predios impidieron el acceso de manera violenta a los equipos técnicos y sociales”, que ellos mismos habían pedido para la realización de un catastro.
La Delegada Presidencial Regional, Sofía González, explicó que los ocupantes tienen una segunda vivienda y que algunos tienen tres. La mayoría son inhábiles para postular a un subsidio habitacional porque ya cuentan con una casa a su nombre, otros ya recibieron el subsidio, presumiéndose que lo vendieron porque no cuentan con casa. Casi la mitad de los ocupantes ilegales no está en los rangos más vulnerables del Registro Social de Hogares, incluso el 20% está en los tramos menos vulnerables.
Conclusión: estamos ante una toma de gente que quiere usurpar un terreno aprovechándose de lo revuelto que está nuestro país, de gente que tiene recursos como para hacer portones, tendidos de energía eléctrica, calles de distribución y pavimentación de un tramo. Estamos en presencia de personas que quieren un terreno para vacacionar, burlándose de las necesidades de miles de familias de Chile que están en la fila, a la espera de un subsidio estatal.
Por eso es tan importante que la Corte Suprema haga cumplir el fallo y se lleve a cabo el desalojo de esta toma VIP, como la hemos llamado, porque se trata de gente que quiere un terreno en el campo como segunda vivienda y que ha levantado casas hasta de dos pisos y que no son del tipo mediaguas que se ven en otras tomas.
La Fiscalía de Quillota pidió formalizar a las 111 personas que tienen viviendas irregulares en el sector, por el delito de usurpación de propiedad, abarcando un número mayor de personas respecto de la lista que entregó la PDI, denunciando a los que lideraron la distribución de terrenos.
El alcalde de Quillota, Óscar Calderón, agrega que se trata de un ejemplo a nivel nacional para enfrentar una toma en terreno que no es fiscal, para lo cual el municipio hizo todas las gestiones para habilitar legalmente la decisión del desalojo.
Los usurpadores han contratado abogados y han presentado numerosos escritos legales para impedir el desalojo. En uno de ellos señalan que el número de ocupantes alcanza a las 285 personas, distribuidas en 117 familias. Agregan que de las 117 familias hay 35 que son “unipersonales”, es decir, hay alguien a cargo del terreno tomado. Describen que hay 90 extranjeros: 42 ecuatorianos, 41 venezolanos, 3 bolivianos, 2 argentinos y un peruano. Pero la autoridad desconfía de este informe, porque cuando quiso hacer el catastro, los ocupantes reaccionaron con violencia, una vez más, cerrando el paso y lanzando ofensas contra los funcionarios públicos.
Unos pocos comenzaron a retirarse del lugar a comienzos de esta semana, otros están dudando y algunos se preparan para una resistencia a la fuerza pública que los desalojará.
Después de 15 meses de ocupación, el caso de la toma VIP de Quillota podría ser desalojada legalmente el próximo viernes y transformarse en un modelo nacional para actuar eficientemente en este tipo de delitos.
