La Ley de Inclusión –implementada en 2018- obliga a las empresas de 100 o más empleados a reservar un 1% de sus plazas de trabajo para personas en situación de discapacidad
REGIÓN.- Este próximo 31 de enero vence el plazo para que las empresas de 100 o más trabajadores informen a la Dirección del Trabajo –vía electrónica- de cómo han implementado y cómo cumplen con los mandatos de la Ley 21.015.
En ese sentido, este cuerpo legal, además de establecer las cuotas mínimas de contrataciones inclusivas, ya sea de personas en situación de discapacidad o pensionadas por invalidez, también ofrece modalidades alternativas para cumplir con lo que dicta la ley, como es la donación de dineros a instituciones que trabajen con este tema.
En cuanto a cifras, a la fecha, se esperaban unos 25 mil contratos, de los cuáles sólo se han materializado 9.157, según datos de la Dirección del Trabajo. Números muy por debajo de lo proyectado, situación que se ha visto afectada –también- por un 2020 irregular y con alto desempleo debido a la pandemia.
Desde una de las organizaciones que trata estos temas en la Región de Valparaíso, la ONG AVANZA Inclusión, manifestó su preocupación por los alcances reales de esta ley.
Así lo expresó su directora de vinculación institucional, Evelyn Contreras, quien indicó que ha habido un avance, “pero seguimos estando muy lejos de lograr una inclusión real en términos de números, porque un 20% de la población tiene discapacidad, y solo un 1% es exigido en las empresas de sobre 100 trabajadores”.
Finalmente, en relación al tema de las salidas alternativas, Evelyn Contreras agregó que “son una estrategia para que las empresas puedan cumplir retroactivamente con la ley, entendiendo que algunas organizaciones no pudieron lograr la cuota exigida, y que ese aporte va en directo apoyo a mantener la inclusión como una meta a nivel país“, respecto a las donaciones a instituciones que aporten en la inclusión laboral.
