Tenía una condena de julio del año 2019 que prohibía que se acercara a la víctima y una medida cautelar que establecía la misma prohibición desde julio de este año
La fiscal dio a conocer que P. G. I.C. tenía una condenada de julio del año pasado por el Tribunal de Garantía de Viña a una pena única de tres años y un día, que establecía además la prohibición de acercarse a la víctima por 1258 días. Y en julio de este año se había solicitado nuevamente por el Ministerio Público una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, la que se encontraba vigente.
“La víctima tenía medidas de protección que proporcionaba el Ministerio Público. Estuvo en una casa de acogida hasta la primera semana de septiembre de este año, lugar que abandonó voluntariamente y mantenía a su favor diferentes medidas cautelares decretadas por el Juzgado de garantía de Viña del Mar por los procesos en el contexto de violencia intrafamiliar que se encontraban vigentes”, explicó la Fiscal Ahumada.
Si embargo, todas estas medidas no fueron suficientes, pues el pasado 9 de septiembre, un llamado alertó a Carabineros de un nuevo episodio de violencia intrafamiliar, donde al acudir encuentran el cuerpo de la mujer sin vida en su domicilio.
La fiscal Romyna Ahumada detalló en la audiencia que “el imputado agredió a la víctima propinándole golpes de pies, puños y con elementos contudentes ocasionándole lesiones que finalmente le causaron la muerte”.
Tras comunicar el Ministerio Público de las otras dos investigaciones vigentes por delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar en contra de la misma víctima, el imputado además fue formalizado por un delito de amenazas, un delito de lesiones menos graves agravados y un delito de desacato, todos ellos en contexto de violencia intrafamiliar. Tras ello, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva para el imputado, la que fue acogida por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por un plazo de 120 días que decretó para la investigación.
