Daniela Manzano Jaure,
Socióloga – Profesional de Apoyo Nuevos Proyectos, AVANZA Inclusión.
Numerosos desafíos tiene el nuevo proceso constituyente en nuestros país. Las y los actores sociales han intentado visibilizar sus necesidades y demandas para así ser reconocidas y reconocidos en el nuevo ordenamiento jurídico. Uno de esos desafíos es la profundización de la democracia y el derecho a sufragio de todas las personas que en la actualidad se encuentran limitadas de poder ejercerlo, a pesar de legalmente poder hacerlo.
Una de esas colectividades son las personas privadas de libertad, que hoy en día han manifestado su intención y deseo de formar parte de este proceso ejerciendo su derecho a sufragio.
¿Por qué negar la posibilidad de participar de este proceso político a los grupos con alto riesgo de exclusión social?
El Estado tiene una deuda histórica con la democracia en nuestro país y con las personas privadas de libertad. Diversos informes sobre derechos humanos señalan la falta de políticas públicas en materia de reinserción social, hacinamiento en las cárceles, la violencia sistémica y las condiciones de vida que deben enfrentar las personas que se encuentran en los recintos penitenciarios.
Por otra parte, en la actualidad existen personas privadas de libertad que están habilitadas para ejercer su derecho a sufragio, tales como aquellas que no han sido condenadas a penas aflictivas, no están acusadas de un delito terrorista, y las que se encuentran en prisión preventiva. Sin embargo, no han podido ejercer el voto, no porque la actual constitución lo prohíba, sino que por decisiones administrativas.
Esperamos que el Poder Judicial, Gendarmería y Servel escuchen las voces silenciadas que exigen mayor participación en los procesos sociales que se aproximan para este nuevo Chile, y así de alguna u otra forma, se comience a amortiguar el daño histórico ocasionado.
El voto de las personas que hoy se encuentran privadas de libertad, y que pueden ejercerlo, es una puerta para la inclusión social, la no discriminación y el respeto por sus derechos sociales y políticos. La Convención Constitucional ha dado una buena señal al sesionar en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. Esperamos que estas muestras de compromiso social se vayan multiplicando en los recintos penitenciarios a lo largo del territorio y tengan un desenlace democrático y participativo.
