El documento plantea interrogantes sobre el contrato que, en su momento, el municipio suscribió con las empresas recolectoras de residuos domiciliarios
LOS ANDES.- Si bien es cierto hace bastante tiempo el ex alcalde y abogado Mauricio Navarro está alejado de la esfera política, días atrás la Contraloría Regional emanó un informe que abrió la duda sobre su gestión al mando de la Municipalidad de Los Andes, particularmente en el contrato para el tratamiento de los residuos domiciliarios.
El primer cuestionamiento de la Contraloría que aparece en el informe, es la decisión municipal de trasladar los residuos domiciliarios hasta el relleno sanitario La Hormiga, ubicado en San Felipe, en desmedro de KDM, emplazado en Til Til, lo que a simple vista resultaba más económico para la administración de Navarro.
El segundo punto descrito por el órgano contralor tiene que ver con la toma de decisiones en los contratos con las empresas que hacen el tratamiento de la basura, que se habrían suscrito sin consultar al Concejo Municipal.
RESPUESTA DEL EX ALCALDE
“El Observador” conversó sobre estos dos puntos con el ex alcalde Mauricio Navarro, quien, en relación a la decisión de escoger el relleno sanitario de San Felipe, explicó que “en ese tiempo, La Hormiga había obtenido la autorización de la Seremi de Salud para operar como relleno sanitario, de tal forma que era imposible esquivar esto y pagar como vertedero, el cual ya estaba en proceso de cierre”.
Agregó el ex fiscal que “lo que dice Contraloría es que se pagaba un precio más alto al trasladar la basura hasta La Hormiga, pero el valor no incluía los costos de traslado, por lo tanto, disponer de los residuos domiciliarios en dicho lugar era más barato en términos globales”, dijo.
Según el ex jefe comunal, los valores licitados en aquel entonces en términos de disposición final de la basura, arrojaban un costo de $4.700 por tonelada en KDM y $7.000 en La Hormiga. Sin embargo, al sumar los costos operacionales como traslados, maquinaria y otros, el recinto sanfelipeño ascendía a $14.000 mientras su competencia costaba $16.000.
En este contexto, Mauricio Navarro afirmó que hay una figura contractual que el informe de Contraloría no distingue, y que es la diferencia entre concesión y contrato.
“El retiro de los residuos domiciliarios es una concesión, porque es un servicio necesario que se presta a la comunidad de forma directa. En el caso de la disposición final, se contrata solamente”, dijo.
Respecto del por qué no se consultó al Concejo Municipal para suscribir los contratos, Navarro sostuvo que “la ley permite que las asignaciones directas sean aprobadas directamente por el alcalde sin necesidad del acuerdo del Concejo, siempre y cuando éstas sean menores a 500 UTM”.
