Desde prisión, el quillotano, ex detective estrella de la PDI, se querelló por falso testimonio, contra el hombre clave para condenarlo, luego que -arrepentido- él le escribiera cartas confesando que lo presionaron para mentir
Por Claudio Espejo Bórquez
REPORTAJE:- El día que Cristian Alfredo Ajraz Cortés llegó a la Cárcel de Máxima Seguridad, la prisión con más seguridad de Chile, ubicada en Santiago centro, vio una hilera de internos esperando que pasara por un pasillo. Iba escoltado por un gendarme y pensó lo peor. Él era un ex funcionario de la Policía de Investigaciones y el grupo que lo esperaba reunía a los condenados más peligrosos del país.
Algunos estaban ahí porque él los había enviado a prisión, tras uno de sus operativos exitosos, como policía encubierto de la Unidad Contra el Crimen Organizado de la PDI, donde se había ganado el apodo de “El Policía Americano”, porque su trabajo era igual que el de los detectives de las películas gringas.
Cuando llegó al “pelotón”, uno de los reclusos se acercó y le dijo: “¡Mi comisario!”. El mismo Ajraz (que en realidad llegó a ser subcomisario y tenía poca costumbre al miedo) confiesa que el estómago se le revolvió. Casi inmediatamente, su anfitrión le dijo: “Aquí usted tiene todas las deudas pagadas. Así que tranquilo. Ya nos dijeron que tenemos que cuidarlo”.
Aún incrédulo, cuenta que así se inició el primero de los 1.459 días que estuvo en esa prisión, encerrado 21 de las 24 horas del día, en una celda de tres por tres metros. El ex subcomisario de la PDI, oriundo del sector de Boco, en Quillota, pero radicado por años en la calle Santa Rosa del distrito de San Pedro junto a su familia, confiesa que ni en ese lugar, ni en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) -donde está hace un año- lo han agredido, ni verbal ni físicamente. Es casi un milagro, en medio de tanta angustia vivida desde que el 2014 fuera sentenciado a dos condenas de 10 años y 1 día de cárcel, por tráfico de drogas y asociación ilícita, delitos que -a pesar del fallo y las declaraciones que la Fiscalía entrega hasta hoy- insiste que jamás cometió.
Siente que todas esas veces que sacó ropa o zapatos del closet de su casa para regalarlos a algún detenido que él mismo había capturado; o aquellas en que -en la jerga delictual- había sido “un policía derecho”, lo han hecho acreedor de un respeto que en prisión se gana la mayoría de las veces a punta de peleas o con la fama del currículum delictivo.
EN LA CAS
Entrar a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), donde Ajraz está hace poco más de 12 meses, produce un choque entre prejuicio y realidad. Tras enrolarte para tener derecho a visitar parientes o amigos, quedas registrado en una lista que debe ser aprobada por el detenido, para recién ahí poder entrar al penal, que está justo entre el Centro de Justicia y la Penitenciaría, en Santiago. Entre los custodios -hombres y mujeres- no se ven flacuchentos recién salidos de la Escuela de Gendarmería o funcionarios con sobrepeso. Son la elite de la institución.
Miércoles y viernes, los presos pueden recibir encomiendas. Cada visitante pasa por un primer filtro, donde deja todo lo que lleva en una ventanilla, para que dos gendarmes lo revisen detalladamente. El miércoles hay derecho a pasar dos bolsas. El viernes, cuatro, porque es el día de visita y las familias suelen llegar con almuerzos especiales. Ese día se comparte de una manera inimaginable para alguien que no ha vivido la poco usual (y jamás esperada) experiencia de entrar a la CAS.
Mientras los funcionarios inspeccionan bolsas y potes plásticos, el visitante entra a una de las dos salas cerradas -una para hombres y otra para mujeres- para la inspección personal, que incluye el paso por un scanner de cuerpo completo, donde el ojo del sistema digital está puesto en descubrir teléfonos, chips de celulares o cuanta cosa pueda servir de arma o comunicación con el exterior.
Pasado el filtro, la fila de parientes cruza una puerta estrecha, donde una funcionaria timbra la muñeca dos veces y entrega una ficha de plástico duro, con un numero y la sigla UEAS (Unidad Especial de Alta Seguridad).
Un patio interior conduce a un caracol de escaleras. Se sube, se baja y luego se vuelve a subir por un pasadizo frío y lúgubre. La columna circula junto a paredes gruesas, como en los hospitales antiguos, con rejas verdes, de fierros muy gruesos. Suena varias veces el golpe del abrir y cerrar de puertas y el rebote del sonido de las radios de los gendarmes. En menos de un minuto, estás frente a las tres rejas que separan un pasillo breve del comedor común, donde todos juntos reciben a los visitantes. El lugar parece un casino subterráneo, porque no tiene ventanas y el aire se hace denso con el humo del cigarro, porque a diferencia del resto de los espacios comunes del país, aquí si se permite fumar.
Todos aparecen de repente, vestidos con su mejor pinta. El que asiste por primera vez, fácilmente puede confundir a un criminal rematado con un abogado o un asistente social. Ése es el primer choque con la realidad: los presos ya no se ven como cuando aparecieron en los noticieros, esposados, malagestados o engrillados. Incluso dudas si estás, de veras, ante tipos peligrosos.
Una vez dentro, la cosa es inesperadamente emotiva. Hay dos frentistas condenados a cadena perpetua en una esquina; un condenado por el homicidio de su esposa y sus dos hijas en la mesa más apegada a la pared; otro, por dar muerte a una ejecutiva bancaria, parado y saludando a todo el mundo, con facha de vendedor exitoso y es su segunda pasada por la CAS. Más allá, un joven castigado la muerte de un carabinero, al que le dicen el “pelo liso”, porque tiene buena pinta.
Son las 9:30 y el día de visitas parte con todos tomando el desayuno. Se percibe afecto: cuando un familiar llega, varios se paran y comparten emotivos abrazos. Saludan a “tías” o “tíos” y conversan como si estuvieran en un matrimonio o un cumpleaños. Al fondo, un hombre pone música con un equipo de audio. En una esquina, un televisor pasa videos de reggaeton a bajo volumen. En otra, una mesa soporta el termo con agua caliente.
Dentro de ese bunker cerrado, con luz insuficiente y algo húmedo (los baños chorrean agua al fondo del salón), todos conversan en voz baja durante las cinco únicas horas de la semana en que la compañía los hace sentirse como si estuvieran libres.
LAS CARTAS
Cristian Ajraz lleva poco más de cinco años privado de libertad. Cuatro de ellos en el desesperante encierro de la Unidad de Máxima Seguridad y uno en la de Alta, donde las cosas están lejos de ser miel sobre hojuelas, pero al menos tiene más horas del día fuera de su celda. Este tiempo representa recién un cuarto de las dos condenas que estableció el Cuarto Tribunal de Juicio Oral de Santiago, tras una investigación de la Fiscalía Sur, por hechos acontecidos entre 2010 y 2011.
Desde el día de su detención y -luego- durante extensas audiencias de juicio oral, ha sostenido que es inocente. Ahora las cosas son diferentes, porque tiene en sus manos una prueba que podría avalar su versión: una serie de cartas enviadas por uno de los testigos “clave” de la Fiscalía, quien asegura haber mentido en el juicio, donde dijo que el oficial quillotano era parte de una red que facilitó la internación de droga a Chile y se benefició con la venta, aprovechando su condición de agente encubierto.
De hecho, esas cartas son parte de una querella por Falso Testimonio y Perjurio, que Ajraz presentó en su contra el 4 de enero de este año y que es la luz de esperanza que ilumina a él, su familia y su nuevo abogado, David Delgado Cuzmar en el intento por sacarlo de la cárcel.
DE BOCO A SAN PEDRO
Cristian quiso ser detective desde niño, aunque todos quienes lo conocían creían que se dedicaría a trabajar en el campo. Jugaba fútbol y al policía en Boco, donde se crió. Los uniformes lo acompañaron desde siempre, porque su padre fue militar, su hermano es oficial de Carabineros (fue escolta Presidencial de Ricardo Lagos) y su hermana es una destacada detective. Claro que él fue el primero de los tres en convertirse en policía.
Estudió su enseñanza básica en la escuela rural del sector y la media en el ex Liceo de Hombres de Quillota, actual Santiago Escuti. Desde su juventud fue fanático de las motos, pasión que heredó a la única hija que tiene junto a su esposa, a quien conoció en sus años de colegio, en el paradero de micros que llevaba a Boco y San Pedro.
Pero pasó harto tiempo para que se volviera a ver. Tras cuatro años de pololeo, el año 2000, se casaron y empezaron a vivir en San Pedro, en una casa de los abuelos de su esposa, justo al lado de la vivienda de los papás de ella.
Desde joven ha lucido casi igual: pelo muy corto, camisas impecablemente planchadas y muy bien afeitado. Así se le ve en varias fotos con su esposa, que se mantienen sobre un mueble en el living de la casa de sus suegros, junto a los sillones: una del día de su matrimonio y otras de paseos juntos. En esa casa no lo ocultan. Incluso su suegra dice sin titubear a “El Observador”: “Cristian es un hombre bueno. Si mi hija llegara decaer en su apoyo, nosotros seguiríamos por ella”.
Y así lo siente Ajraz cada vez que llegan a visitarlo, especialmente su esposa, su hija y su tía Jaqueline Cortés, quien dejó de trabajar para dedicarse a liderar las gestiones para sacarlo de prisión.
EL SUPER DETECTIVE
Su carrera policial fue meteórica y exitosa. Estuvo en la PDI 19 años, donde pasó por la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, la Brigada Investigadora de Delitos Portuarios, la de Investigación Criminal de Valparaíso y un grupo multidisciplinario que trabajó para la ministra Beatriz Pedrals, en el bullado caso contra el Cabro Carrera.
Participó de otros equipos, apoyando la labor de varios magistrados de la Región de Valparaíso. También fue agregado especial del Departamento de Asuntos Internos a petición del director general.
Luego, vendría la compleja Brigada Antinarcóticos de Valparaíso, donde participó en la investigación de robos de contenedores en el Puerto de San Antonio. Pasó después a Inteligencia Antinarcóticos, con el entonces fiscal jefe de Villa Alemana, Alejandro Ivelic, quien luego sería el director de la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes de la Fiscalía Nacional. También lo hizo con el actual fiscal nacional, Jorge Abott.
De ahí llegaría a la Brigada Investigadora Contra el Crimen Organizado. Estuvo en la Bicrim de Lebu, única destinación donde decidió dejar San Pedro con su esposa y su hija y radicarse en el sur. Ahí integró un grupo multidisciplinario para investigar delitos en la Araucanía.
En medio de su carrera, un operativo casi le cuesta la vida. Las páginas de El Observador relataron el momento en que fue herido gravemente en su cabeza en acto de servicio en Viña del Mar. Ahí fue llamado “el policía héroe”. Otra de sus hazañas fue desbaratar la peligrosa banda narco de “Los Rodríguez”, donde fue llevado a declarar como testigo de la Fiscalía, paradójicamente cuando la misma institución lo mantenía en prisión preventiva.
Durante sus años como agente encubierto, desarticuló organizaciones criminales nacionales e internacionales, infiltrándose en ellas, relacionándose con informantes, incluso en misiones contra descolgados del grupo terrorista Sendero Luminoso en Perú.
Su hoja de vida muestra que siempre estuvo calificado en Lista 1 Sobresaliente, salvo un sumario pocos años antes de su caída, del que saldría airoso.
Usaba disfraces y aprendió a hablar en “coa”. En su casa, recuerdan ese tiempo como “años difíciles”, donde desaparecía por largas semanas, sin poder comunicarse ni contar dónde estaba.
“Volvía más gordo y con barba o, incluso, con el pelo largo y mal vestido”, recuerda su esposa, sobre una época en que, al cruzar la puerta de la casa, no se quedaba más de media hora, hacía un bolso y volvía a viajar a un nuevo destino secreto.
“Esto demuestra el compromiso que siempre tuve con mi trabajo. Por eso, ¿cómo puede ser que mi institución y el Ministerio Público, para quienes trabajé directamente, me hayan acusado vilmente?”, dice el propio ex policía a El Observador.
LA CAÍDA Y LA CÁRCEL
La tía Jaqueline Cortés mantiene guardado con riguroso celo una copia del expediente de la causa que lo llevó a prisión. Lo cubre una carpeta de plástico azul, que dice “Ajraz” con letras gruesas, como de graffitti callejero, dibujadas con plumón negro. Una hoja sobre la otra hacen una pila de más de casi 15 centímetros de alto. Gran parte del peso se lo lleva el fallo, que tiene 505 páginas.
En esas hojas, a un costado de los argumentos de las juezas María Elisa Tapia Araya, Geni Morales Espinoza e Isabel Espinoza Morales, hay gruesas anotaciones hechas a mano, con lápiz grafito y rojo, hechas por el ex detective y un abogado de la Corte Suprema, caído en desgracia por un grave delito que lo llevó, igual que Ajraz, a la cárcel de Máxima Seguridad y luego a la CAS. Hoy es su principal consejero jurídico.
Sobre todos los papeles, una hoja cuadriculada tamaño oficio, también escrita a mano y letra diminuta, tiene una tabla con cada uno de los involucrados en su causa, sus condenas y el detalle de los delitos. En la última columna dice “Ajraz Cortés Cristian Alfredo”. Debajo, las frases “tráfico ilícito de drogas art. 3”, “Asociación Ilícita el de drogas art. 16” y “Condenas solicitadas por Fiscalía: Total, 24 años”. Más abajo, las atenuantes que disminuyeron en 4 años el castigo.
A esta carpeta tuvo acceso El Observador, donde se leen antecedentes presentados de tal forma, que hacen fácil entender por qué lo condenaron.
La Fiscalía logró convencer al tribunal que sobre Ajraz pesan dos pecados: el haber ayudado a ingresar droga desde Perú a Chile, aprovechando su condición de detective encubierto; e integrar una red narco, junto al traficante chileno Jorge Cepeda Concha, a quien conoció cuando se le encargó una misión, teniéndolo a él como informante. Los fiscales llevaron a juicio a ambos, junto a otras 12 personas.
El primero de los delitos se remonta a 2010, cuando, según se lee en el fallo, el ex detective y Cepeda habrían organizado el ingreso de cocaína desde Tacna a Santiago. La Fiscalía logró imponer su tesis de que, para ello, montaron un plan, que habría permitido internar 17 kilos de droga. Para ello, Ajraz habría contactado a una conocida informante de al PDI, Ana María Bravo -con pasado en la CNI-, para que denunciara una falsa operación de internación de droga a través de la frontera, en Arica. Según los fiscales Héctor Barros y Alex Cortés, de la Fiscalía Metropolitana Sur, eso habría sido una “triquiñuela” para que el quillotano fuera enviado como agente encubierto y generara las condiciones para una entrega vigilada de droga y, con eso, facilitar el ingreso de la mercancía. Ello, con la colaboración del ex funcionario de Aduanas, Alfonso Labarca Álvarez.
Durante el juicio, Cepeda fue uno de los testigos clave de la Fiscalía, quien aseguró que un proveedor peruano les entregó 20 kilos, pero que separaron 3, para aumentarlos químicamente, hasta convertirlos en 10. Ésos serían usados para la entrega vigilada en Santiago, mientras los otros 17 se internarían “encaletados” en una camioneta, para distribuirlos en la capital. Ese móvil lo condujo Ajraz, acompañado de Ana María Bravo, mientras los otros detectives que acompañaron la entrega (y también declararon en el juicio) lo hicieron en un móvil de la PDI.
El Ministerio Público argumentó que el ex funcionario de Aduanas fue quien ayudó a que la camioneta pasara sin que el cargamento oculto fuera detectado por un escaneo, que se hizo a petición de los dos colegas que acompañaban a Ajraz que afirmaron en el juicio haber sospechado, porque la alfombra del piso parecía haber sido removida.
El segundo delito es descrito como “Tráfico de Septiembre de 2011”, donde la Fiscalía argumentó que Cepeda nuevamente viajó al norte, para negociar y coordinar la entrega y el pago de otro cargamento de droga, que tendría como destino Europa. Como mandamás de la operación, designó roles a otros sujetos que integraban la red y que, con Ajraz, planificaron un sistema de traslado y acopio la droga, donde una parte de ella quedaría en una casa de veraneo, que la familia del ex detective tenía en Maitencillo.
Pero la operación fue descubierta y desarticulada, arrojando más de una decena de detenidos, coincidiendo con una investigación que seguían los mismos fiscales, llamada “Escalera Real”, luego que desde Bélgica se denunciara la detención de miembros de una red que enviaba droga desde Chile.
Veinte meses después, el 20 de agosto de 2012, la Fiscalía emitió una orden de captura contra Cristian Ajraz, quien habría sido nombrado por Cepeda, luego de un largo proceso de reflexión, en medio del cual decidió colaborar, acogiéndose a beneficios consignados al artículo 22 de la Ley 20.000 para detenidos que brindan “colaboración sustancial” con causas de tráfico de drogas.
Después de tres meses de búsqueda, donde la Fiscalía describió a Ajraz como “prófugo de la justicia”, fue detenido, en un operativo cinematográfico, en la casa de una pareja de abogados en Santiago. Llegaron unidades policiales armadas hasta los dientes, con apoyo aéreo. Cuando los efectivos entraron, el matrimonio que lo cobijaba gritó: “¡Somos abogados!” y lo abrazaron, para evitar que algún detective le disparara.
Pasados dos años y un día, el testimonio de Cepeda y varios de los detenidos que eran parte de su banda, condujo a la condena de 14 personas por uno o dos delitos y la absolución sólo de una personas de cualquier responsabilidad.
Al quillotano se le castiga como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes y asociación ilícita para el tráfico de drogas, en hechos cometidos entre los meses de octubre de 2010 y septiembre de 2011. En este último, el tribunal le asigna el rol de “protección, planificación y facilitación de medios”.
En su caso, se consideró como agravante el haber aprovechado su condición de funcionario de la PDI para cometer los delitos y, por ello, se elevaron sus penas en un grado. Sólo se consideró su irreprochable conducta anterior, por lo que los 24 años de cárcel pedidos por la Fiscalía, quedaron en dos condenas de 10 años y un día cada una. Lejos, la más alta de los 14 condenados por esta compleja trama.
UNA LUZ EN LA OSCURIDAD
El ex agente encubierto de la PDI Cristian Ajraz Cortés dice que, detrás de los potentes argumentos que se leen en su contra en el fallo que lo mandó 20 años a prisión, se esconde una trama basada en testimonios manipulados, con la participación de otros ex policías, que fueron nombrados en el juicio, pero a quienes jamás se les acusó. Asegura que ahora todo saldrá a la luz.
En diálogo con su abogado y su familia, acordamos intercambiar palabras por carta, para dejar registro escrito de sus comentarios hechos desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
“La maldad de algunas personas no tiene limites y cuando procede de gente cercana, ni siquiera el transcurso del tiempo logra mitigar el dolor y el asombro. Estoy recluido hace más de cinco años, secuestrado por el Estado, sin que existiera ninguna prueba real en mi contra, sin sustento legal y con pruebas totalmente contradictorias, incluidos los testimonios”, parte señalando a “El Observador”.
Así fue como comenzó a enumerar los argumentos que, según su versión, demostrarían que está preso injustamente. Basa sus dichos en 9 cartas, que escribió su ex informante, Jorge Cepeda Concha , confesando que había mentido en el juicio.
LA TRAMA SEGÚN AJRAZ
La versión del quillotano es muy diferente a la que se lee en el fallo del 14 de noviembre de 2014. Dice que, cuando trabajaba en Antinarcóticos, vio varias veces llegar al cuartel a un individuo apodado “La Guatona”. Era Humberto Sepúlveda, conocido en el ambiente como miembro de una banda dedicada al tráfico y tío de un detective activo en ese entonces, Giovanni Sepúlveda, que el 2016 fuera condenado y dado de baja por haber cambiado por billetes falsos parte del dinero recuperado en el asalto a una oficina de Servipag, en Santiago.
Uno de los asistentes policiales que había trabajado bajo sus órdenes fue Jorge Cepeda Concha, quien también fue separado de la institución, pero por robo. Al poco tiempo, fue reclutado como informante de la PDI.
Los fiscales Héctor Bravo y Álex Cortés investigaban la operación llamada Escalera Real, luego que desde Bélgica se advirtiera sobre la captura de una banda dedicada al tráfico hacia Europa. En su información hablaban de la eventual participación de detectives de alto rango.
Según Ajraz, en ese tiempo uno de los altos jefes en la PDI era amigo de “La Guatona” y, ambos, a su vez, de un ex prefecto en retiro, que tenía a su haber una denuncia por abuso sexual contra una funcionaria. Todos ellos habrían aparecido en la operación “Escalera Real”.
Pero, en su versión, la Fiscalía reconoce que, en los seguimientos apareció Sepúlveda, su tío y un oficial de alto rango. Sin embargo, a pesar de ello dejaron de investigar esa arista.
En 2008, el ex detective recibió la instrucción de infiltrarse en organizaciones narcos como agente encubierto y desbaratar bandas que internaban droga desde Perú. Se le designó a Cepeda como informante, según costa en el oficio reservado número 227, del 9 de mayo de ese año, enviado por al Ministerio Público, al entonces jefe de la Brigada Investigadora contra el Crimen Organizado de la PDI, Raúl Castellón Zumarán, y al que tuvo acceso “El Observador”.
Ambos se mantuvieron como dupla informante – agente encubierto. Ajraz participó de la red, haciéndose pasar como integrante de la banda. También coordinó entregas controladas de droga.
Según cuenta, ejerciendo como agente encubierto se relacionó con quienes, después, serían detenidos tratando de vender en Chile un cargamento de cocaína que no pudieron enviar a Europa, en el caso llamado “Septiembre 2011”, que deriva de la investigación “Escalera Real”. Entre ellos, Jorge Cepeda, con quien el ex PDI reconoce que tuvo un vínculo cercano, pero que jamás lo llevó a participar de los negocios ilegales que la Fiscalía le endosó. A pesar de ese vínculo, Cepeda lo traicionó, aprovechando un ofrecimiento de la Fiscalía.
“Jorge Cepeda Concha se acogió al beneficio del Artículo 22 de la Ley 20.000, porque su esposa estaba detenida y la Fiscalía ofreció no involucrarla y dejarla libre. Pero eso sucedió un año después de haber sido detenido y se mantenía en prisión preventiva. Resulta totalmente raro que después de transcurrido todo ese tiempo, el fiscal haya favorecido a él y otros tres imputados por ‘colaboración sustancial’ para ‘esclarecer’ los hechos. Son los mismos individuos que, según los dichos declarados actualmente por Cepeda Concha, fueron preparados por la Fiscalía para declarar contra mí, mediante un cuestionario que (el fiscal) le habría entregado a Cepeda”, dice Ajraz.
Él y su actual abogado señalan que, como la Fiscalía necesitaba involucrar a algún policía, él apareció como la mejor opción.
“Así es como se me acusa, entre otras cosas, de haber facilitado el ingreso de parte de un cargamento de droga, durante una entrega vigilada, encaletándola en un vehículo que, en el mismo juicio, mis colegas que testificaron dicen que pidieron escanear, porque sospecharon, al ver que la alfombra del piso estaba removida. Pero se ignoró completamente que los oficiales señalaron que el escáner resultó negativo. Además incluyeron que sustentaban la condena en la declaración del funcionario de Aduanas (Alfonso Labarca), omitiendo que él reconocía no haber hecho el procedimiento, olvidándose al parecer las magistradas que mi defensa presentó a la funcionaria que sí lo efectuó, quien confirmó que dicha inspección resultó negativa y aseveró que es imposible adulterar o alterar el resultado del mismo, por alguna manipulación”, declara Ajraz.
De hecho, en el “abecé” de las causas por tráfico, para que se configure el delito es fundamental que aparezca la droga. Además, ella cumplir con una serie de cualidades de volumen y toxicidad, entre otras. Sin embargo, jamás apareció ni un gramo del cargamento descrito en la causa. Por eso Ajraz argumenta que el principal sostén de su condena, son las declaraciones de Cepeda y sus tres socios, que en el juicio aparecen dando testimonios casi idénticos. Pero los fiscales dicen haber cruzado esa declaración con una supuesta vida de lujos y gastos que ex detective habría llevado, no acordes con su sueldo, pues -argumentan- habría aprovechado su condición de infiltrado para cruzar la línea, ayudando a su informante a traficar, a cambio de un reparto de ganancias.
“Dicen que eso me delató. Sin embargo, durante el juicio, procurando imputarme el delito de lavado de activos y enriquecimiento sin causa, quedó establecido que los bienes que yo tenía eran acorde a mi sueldo y que mi único patrimonio consistía en un crédito hipotecario, con el cual compré un terreno; y un crédito de consumo, que me permitió empezar a construir una casa que hasta el día de hoy sigue inconclusa, que mi cónyuge sigue pagando. O el auto marca Audi de segunda mano, el cual permuté con el juez de Cañete, cuyo vehículo se encuentra hoy en poder de mi esposa”, señala.
Angustiado, dice: “Al leer la sentencia, muchos pueden haber concluido que yo estuve involucrado en delitos, ya que hábilmente la Fiscalía y los tribunales me hicieron parecer como tal. Ahora me gustaría saber qué explicación van a dar por la confesión que está haciendo quien mi inculpó. ¡Llevo cinco años en prisión por acusaciones falsas! Pero la verdad acaba por imponerse y ésta no ha de ser la excepción. Confío en que las instituciones sabrán corregir sus errores y pondrán las cosas en su lugar”.
CARTAS DE UN ARREPENTIDO
Jorge Michael Cepeda Concha es un personaje cuyo perfil fácilmente podría inspirar a los creadores de una serie policial de Netflix. Pasó de integrar una banda de tráfico y contrabando internacional, a ser un devoto religioso que asegura estar “en los caminos del Señor”. Aunque, para ello, debió mediar una tragedia: su hija murió, en medio de un violento crimen.
Cuentan que uno de sus sueños era ser policía. De hecho, en los años 90, trabajó como asistente policial en la PDI, bajo las órdenes de Giovanni Sepúlveda. Así fue hasta el 27 de abril de 1999, cuando fue separado de la institución, porque lo pillaron robando. Luego trabajó en una empresa de remates llamada Marticorena, hasta 2003, donde paradójicamente fue guardia de seguridad.
En el juicio declaró que, con capital propio, armó un negocio de compra – venta de autos en remate. Pero al poco tiempo se vio involucrado con el traficante peruano Luis Elías Hernández, que lo condujo a una de sus primeras detenciones. Él mismo declaró que vio en ese traspié una oportunidad, pues en ese momento le ofrecieron evitar la cárcel, transformándose en informante de la PDI.
Estando en prisión preventiva por el caso “Septiembre de 2011”, fue sorprendido coordinando operaciones de venta de droga desde el interior del Penal Santiago Uno y fue condenado a 4 años, por el Tribunal de San Bernardo. En la querella presentada por Ajraz, él y su abogado lanzan una grave acusación, diciendo que el tráfico desde la cárcel se hizo “usando el teléfono celular que la Fiscalía le habría ingresado a la Unidad Penal, con la finalidad de que Cepeda me llamara y ‘crear’ pruebas en mi contra”.
Por obra del azar, en medio del deambular de Jorge Cepeda entre varias prisiones, llegó a la Unidad de Máxima Seguridad. Supo que el ex detective estaba recluido ahí y le mandó un mensaje, escrito a mano: “(de) todo lo que pasó en nuestro juicio, hay muchas cosas que debes saber, ya que serían suficientes para revisión del mismo. Estoy dispuesto a ayudarte. Hablemos en persona. Tú haz las gestiones”.
Inmediatamente, Cristian Ajraz inició varias peticiones a autoridades del penal y jueces de la Corte. Pero todas le fueron rechazadas. Cepeda gozaba de protección como informante en otras causas y no podía hablar con nadie. Tampoco le fue aceptada la opción de conversar ante un testigo de fe.
Impedidos de cruzar palabra, decidieron mantener comunicación por cartas, usando de intermediario a un interno que hacía de mozo. Era un abogado de la Corte Suprema caído en desgracia, tras ser condenado a 15 años por graves delitos. El jurista había hecho amistad con Cristian y le ofreció hacer de correo y revisar línea por línea su enorme expediente.
En total, fueron 9 cartas: unas escritas en hojas de oficio cuadriculadas y otras, de papeles arrancados de una agenda. Ellas dieron paso a una declaración escrita, firmada y con su huella dactilar impresa, redactada en la cárcel de Los Andes, donde está recluido como medida de protección, en una causa que cursa el juez Mario Carroza.
El texto dice: “En Los Andes, en pleno uso de mis facultades, autorizo a periciar cartas enviadas a Cristian Ajraz, recluido en la Cárcel de Alta Seguridad. El motivo es demostrar la inocencia del señor Ajraz y también que yo fui presionado por autoridades que, si no cooperaba, harían daño a mi familia (…) Todo lo anterior se hizo con el único fin de justificar otros ilícitos, ya que no tenían responsables”.
“El Observador” tuvo acceso a las otras copias legalizadas de esas misivas. En ellas, Cepeda señala frases como: “Te garantizo que voy a poner todo de mi parte para sacarte de esta mierda (…)”.
En una las más extensas, se lee: “Te explico: tú nunca estuviste en el tráfico ‘Septiembre 2011’. Es la gran duda de Barros. Buscaba y buscaba formas de involucrarte y nunca tuvo. Te lo digo porque a mi me preguntaba ‘como chucha lo involucro si solo tengo unos videos de tu celular y unas cuantas llamadas, pero no hablan nada’. (…) Pero te tengo una buena (…): me entregó todas las preguntas que me haría en el juicio que aún tengo. Son 8 hojas con preguntas y cada una tiene el logo de la Fiscalía Sur”.
Luego señala: “Si logramos el desafuero (sic) de (los fiscales) Barros, Cortéz y Guzmán, anulamos el juicio de forma automática. Mándame tu abogado para explicarle bien y lo que tienes que hacer desde ya. Bendiciones”.
LA ÚNICA SALIDA
Todas las cartas fueron adjuntadas al recurso judicial RUC 1810000688-6, presentado el 4 de enero, por el abogado David Antonio Delgado Cuzmar, por falso testimonio, perjurio o denuncia calumniosa, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. En ella se pide periciar cada hoja, para comprobar su veracidad y perseguir responsabilidades penales en Cepeda y todos quienes resulten responsables.
Si se consigue una condena, el ex detective podría echar mano a la única opción legal que podría sacarlo de prisión: un recurso de revisión.
Cuando las causas ya están falladas y se ha pasado por todas las instancias, la ley define muy pocas opciones para solicitar una “Acción de Revisión” ante la Corte Suprema. El procedimiento está regulado en el artículo 473 y siguientes del Código Procesal Penal y se puede acceder sólo cuando la sentencia ha condenado al acusado. Entre las causales para solicitarla está haberse conseguido una condena por medio de la presentación de medios de prueba falsos.
El recurso por falso testimonio fue declarado admisible el 5 de enero y la investigación está a cargo el fiscal César Urzúa Miranda. Los peritajes quedaron en manos de la PDI, que, según explica el abogado a “El Observador”, ya realizó pericias forenses y tomó declaración a Jorge Cepeda.
David Delgado detalla que, en este caso, “presentamos en paralelo la querella y el recurso de revisión, porque la idea es que se le dé curso progresivo. De paso, con eso se pone al tribunal de menor rango bajo una supervisión del tribunal mayor, que en este caso es la Corte Suprema”.
“Tendremos una audiencia con el fiscal que está investigando la causa esta semana, pero ya sabemos que se han hecho las pericias de las cartas del señor Cepeda y su toma de declaración, donde da más grado de responsabilidad al señor Barros y distanciando al señor Cortés respecto de esta orquestación que terminó con una sanción a mi representado”, agrega.
El abogado afirma que, según la revisión que ha hecho de la causa, “la teoría mía, que ahora tiene múltiple jurisprudencia, es la del montaje, tal como en el Caso Bombas o en la causa de la coordinadora Arauco- Malleco”.
“Aquí la sentencia no es fundada. En derecho, tiene que haber armonía entre la prueba y el fallo. Por ejemplo, hay funcionarios que, habiendo tenido una participación punible, no son investigados ni sancionados. Hay más bien una suerte de ‘esquizofrenia legal’, con gente que mandan para adentro, sin que haya aparecido droga, como al señor Ajraz, a quien le dan 20 años de cárcel; y a otros no les sale ni por curados”, comenta el jurista.
VERSIÓN DE LA FISCALÍA
El medio asociado de El Observador, Radio Bío Bío, en el marco del reportaje titulado “La trama Ajraz I: auge, caída y redención de un agente encubierto de la PDI”, realizado por el periodista Juan Pablo Figueroa, consigna la versión de los fiscales Héctor Barros y Alex Cortez, respecto a las acusaciones de montaje hechas por Ajraz, basadas en la nueva confesión de Cepeda.
En dicho artículo, el periodista señala que “los fiscales Barros y Cortez rechazan todas las acusaciones y muestran cada una de las pruebas que les permitieron primero llevar a juicio, y después obtener condenas para Ajraz. Fotos, análisis patrimoniales, escuchas telefónicas, testimonios, videos y más”.
Asimismo, aseguran que todo lo que plantean el ex PDI y su antiguo informante “es mentira y que jamás podrían obtener una condena por 20 años contra alguien basados sólo en una declaración”.
Sobre cómo dieron con el nombre de Ajraz, los representantes del Ministerio Público describieron que, en la investigación de 2011, “cuando Cepeda se acogió al artículo 22 de la Ley de Drogas, dijo que la droga era parte de una operación fallida coordinada por `La Guatona´ y su sobrino Giovanni Sepúlveda para enviarla inicialmente a Europa, pero que, como todo se cayó, decidieron moverla en Chile para no perder la inversión. Y luego traicionó a Ajraz: aseguró que era parte del negocio, que se repartían las ganancias, que uno de los autos que le vendió fue una forma de pago y que la droga que incautaron la iban a guardar en su casa familiar en la playa”.
Sin embargo, ni Humberto Sepúlveda ni su sobrino fueron formalizados. Tampoco aparecieron los kilos de droga que supuestamente fueron ingresados al país en 2010, ni hubo prueba de acopios de droga en la casa de Maitencillo, pues todo el cargamento fue decomisado en Calama. A pesar de que se le condenó, en el juicio tampoco se logró establecer elementos que pudieran demostrar enriquecimiento ilícito en la familia del ex PDI quillotano.
Foto principal: BioBío Chile (Medio asociado)
