La Fiscalía se encuentra investigando la descarga de petróleo iraní que realizó la estatal en Quintero y Talcahuano
QUINTERO/ PUCHUNCAVÍ.– El Juzgado de Garantía de Talcahuano fijó este domingo el día y la hora para la audiencia de formalización contra siete ejecutivos de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y un capitán de marina mercante por los episodios de contaminación ocurridos en agosto del 2018 en estas comunas y en Talcahuano.
Los requeridos deberán comparecer el próximo 14 de noviembre a las 08.30 horas, por delitos ambientales contemplados en el artículo 291 del Código Penal y arriesgan penas de presidio menor en su grado máximo, vale decir, de tres años y un día a cinco años.
Se trata de Edmundo Piraíno Suez, gerente de ENAP Refinerías Aconcagua; Álvaro Hillerns Velasco, gerente de ENAP Refinerías Biobío; Patricia Cabalá Leiva, jefa del Departamento de Operaciones de ENAP Refinerías Biobío; Juan Pablo Rhodes Valenzuela, jefe del Terminal Marítimo Quintero, Refinerías Aconcagua; y Jorge Farías Fuentes, jefe del Área Marítima de ENAP Refinerías Biobío, además de Carlos Lizana Guerrero, jefe del Área Terrestre del Terminal Marítimo Quintero ENAP Refinerías y Joseph Darlington Flores, capitán de la marina mercante, quien se desempeñaba en una empresa prestadora de servicios de ENAP.
Entre los antecedentes que presentó la Fiscalía, después de un año de investigación por parte de la persecutora Marcela Cartagena, se habría determinado que la estatal sería responsable de la evacuación del Mall Plaza El Trébol de Talcahuano y la Clínica Bío Bío, producto de un olor que provendría de la transferencia de crudo iraní. Luego, este cargamento habría llegado hasta Quintero y Puchuncaví, generando la intoxicación de más de mil personas, según precisó la fiscal Cartagena. “Supone como verbo rector la propagación de sustancias que están definidas en el código y que en general tienen el mérito o el demérito de poner en peligro la salud de los seres vivos”, precisó.
“NO ES UNA SORPRESA”
Cristian Muga, abogado defensor de los ejecutivos, aseguró que el proceso “no es una sorpresa”, añadiendo que “carece de fundamentos”. “Existen antecedentes que permiten explicar de mejor manera los eventos de contaminación de agosto y los haremos valer. La formalización es solo una comunicación de cargos. La investigación recién comienza y estamos en condiciones de acreditar la inocencia de los trabajadores imputados”, aseguró. Asimismo, el jurista añadió que los ejecutivos “no han cometido ningún delito. Recuerde que el día 24 de agosto las instalaciones de ENAP Aconcagua fueron paralizadas y los casos de intoxicación continuaron, más de mil 500 casos posteriores a la paralización”, apuntó.
Con ello, replicó que “todas las instancias de investigación judicial y administrativa han confirmado que no es posible atribuir responsabilidad a ENAP por estos eventos. Tenemos distintos informes periciales y técnicos, que describen los fenómenos de contaminación que ocurrieron en agosto de 2018”.
Asimismo, insistió en que esperan ser indagados por la Fiscal “con la misma profundidad con la que ha investigado la descarga y manejo del crudo iraní. Aquí se trata de un grupo de colaboradores de ENAP que han cumplido sus funciones con total profesionalismo y es, por lo demás, muy injusto que se les pretenda hacer responsables de una situación que se arrastra por años y que es resultado de un conjunto de actividades en la bahía”, concluyó.