Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
La Dirección de Presupuesto del gobierno, en su informe sobre Recursos Humanos, entregó la asombrosa cantidad de 445 mil 823 funcionarios públicos, dependientes del Gobierno Central.
Los profesionales públicos con contrato que tienen título profesional son 186.437 personas. Los funcionarios se dividen en directivos, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares.
Nos estamos refiriendo a los que trabajan en la Presidencia, en el Congreso, el Poder Judicial, la Contraloría, los 25 ministerios que dependen del Presidente, más los servicios, como el Servel, más los Gobiernos Regionales y la Defensoría de la Niñez. Desde Arica a Punta Arenas. Pero igual es harto. Tenemos trabajando a medio millón de personas gracias a nuestros impuestos.
La cifra en sí misma es asombrosa, pero es posible que, si pensamos que necesitamos un buen servicio del Estado a sus usuarios, tal vez no sea tanta.
Lo otro que uno piensa es cuántos de estos funcionarios se pueden cambiar con la llegada de un nuevo gobierno, porque como ya sabemos, llega una ideología y combate a la anterior. Lo ideal sería que los profesionales y los técnicos se quedaran en sus cargos y continuaran haciendo funcionar el sistema estatal, pero lamentablemente, nuestras malas costumbres políticas nos impiden cumplir con el sentido común y la eficiencia. Cada gobierno trae los suyos.
El drama es que existe la inamovilidad, un artículo de ley que impide que los funcionarios públicos sean removidos conforme a los requerimientos de los nuevos directivos, o bien, sean despedidos como ocurre en la empresa privada, conforme a las causales que indica la ley. Ellos se rigen de otro modo y por eso se van acumulando funcionarios que no son queridos por el gobierno entrante y se va juntando gente en los ministerios que no tienen casi nada que hacer en siguientes cuatro años. Algo parecido pasa en los municipios.
Por otro lado, si vemos que sigue creciendo la profesionalización de los servicios públicos, es una señal que estamos tratando de entregar mejores soluciones tanto a los usuarios como en los planes de largo alcance que deben tener todos los ministerios, lo que debiera traducirse en mejores políticas públicas.
El llamado aparato estatal está compuesto de 674 entidades, entre las que se encuentran 345 municipalidades, 263 del sector público, 33 entidades de educación superior, 32 empresas del Estado e Instituto Tecnológicos Corfo y el Banco Central.
También tenemos a la mano algunas cifras que entregó la Contraloría General de la República, aunque sea tan solo en porcentajes, resulta interesante examinarlas.
El dato más sugerente es que la mitad del presupuesto de los municipios se destina al pago del personal. Y cuando nos referimos al gasto en personal, debemos señalar que el 40,8% corresponde a Educación, es decir, al pago de profesores; el 33,5% en Gestión Municipal, un 25,4% a los funcionarios de Salud y un 0,3% para la atención de los cementerios. En Gestión Municipal se encuentra el servicio de aseo, que es la manera más directa con que los ciudadanos nos vinculamos con el municipio, al menos una o dos veces a la semana. Llama la atención que el gasto en Salud sea poco más de la mitad que el de Educación.
Cifras asombrosas para el común de los mortales, pero que podrían estar demostrando una gran fuerza laboral al servicio de la gente. Sin duda falta más eficiencia y más respaldo estatal a las familias, que todavía sienten que los gobiernos no entienden sus verdaderas demandas.
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