Solo a partir de 1990 las autoridades de turno iniciaron la discusión de medidas para frenar el impacto ambiental que la actividad minera -principalmente- había generado en Chile desde la época de la colonia.
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A partir de esta década es cuando comienza a focalizarse la mirada en la contaminación atmosférica de las fundiciones y los tranques de relave, posicionando a la Fundición Codelco Ventanas y la Mina El Salvador, en la Región de Atacama, como casos emblemáticos en donde era necesario cambiar el escenario contaminante.
En 1992, en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de Río de Janeiro Chile firmó tratados internacionales para abrir diálogos entre los mismos sectores productivos de la gran minería y el Estado, y acordar una legislación que implementara estudios de impacto ambiental. Así se sentó la Ley de Bases del Medio Ambiente (1994) y la promulgación de su reglamento en 1997. Su objetivo general fue que las actividades productivas que se realizaran en todo Chile aplicaran en sus procesos la llamada conciencia ambiental.
Concepto este último que prácticamente no existió durante gran parte del siglo XIX y XX y que llevó a que cientos de actividades económicas, consideradas por el Estado importantes y mejor rentadas, fuesen invasivas y depredadoras.
Una realidad que hoy pareciera quedar atrás ante la existencia de un marco legal que establece instrumentos para medir normas de calidad, condición del aire que respiramos, evaluación de impacto ambiental y planes de descontaminación. Pero es el concepto clave: solo pareciera.
Porque en varios casos, pese a existir este marco regulatorio, las usinas, las centrales termoeléctricas y las exploraciones en la alta cordillera terminan instalándose igual, pese a la férrea, masiva y pública oposición de las comunidades locales. Y lo que es peor, es que son decisiones aprobadas por las mismas autoridades políticas escogidas para defender los derechos y las demandas de los habitantes.
Es que a estas alturas para nadie es un misterio que el Estado actúa por conveniencia cada vez que se lo propone. Desde la usurpación de tierras a los mapuche hasta la instalación de termoeléctricas sin el consentimiento de las comunidades, el Estado chileno ha sido un organismo abusivo, responsable de la depredación de muchos lugares de Chile. El Estado como institución, pero dirigido por personas de las más distintas corrientes políticas.
Si en Los Laureles no quieren una central termoeléctrica, pues bien, que no se haga. ¿Por qué ir contra la voluntad de quienes tienen derecho absoluto a vivir tranquilos? Y lo que es peor, este Estado abusivo, en lugar de ser garante de los vecinos, termina siéndolo de los proyectos privados e invasivos.
