Claudia Cortez Osses
Periodista
Mis orígenes están en la Provincia de Petorca, proclamada zona cero de la crisis hídrica. Vivo a los pies del cerro Pulmahue, en medio de la desesperación, de los brazos caídos y de la falta de esperanza. A diario me topo con la frustración de mujeres y hombres que no pueden desarrollar sus actividades de manera normal por la falta de agua, pero peor aún, con el desinterés o la falta de consenso de todos los sectores institucionales, que debieran darle un carácter de urgencia a este desabastecimiento.
Puedo decir que hoy y como muchos, sobrevivo a un modelo económico inequitativo, donde la producción desmedida de las grandes agrícolas se impone sobre el ejercicio de vivir. ¿Quién podría negarse a la productividad y bonanza de una zona, si esto no interfiriera en el derecho a las necesidades básicas de una comunidad?
No podemos desconocer que el cambio climático ha afectado al ciclo normal del agua y la relación de los humanos con este recurso. Pero la tierra está cubierta por un 70 % de agua, y de ello solo el 2,5% es agua dulce. De ese pequeño porcentaje el 85% está destinado a la agricultura, otro 6,5 a la industria, un 4,5 a la minería y una cifra igual para el consumo humano. Aun así, siendo el menor porcentaje, hoy el agua para para las personas no está garantizada, especialmente para los habitantes de las zonas rurales que son abastecidos por sistemas de agua potable rural o cooperativas. Distinto es el panorama en las ciudades, que cuentan con la cobertura de las sanitarias.
Estamos, entonces, frente a un problema que devela la profunda desigualdad en cuestiones elementales y vitales, y a un claro incumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.
Por el contrario, Chile cuenta con un Código de Aguas de 1981, que señala que “El agua es un bien nacional de uso público”, pero bajo el amparo del mismo código se entregaron los derechos de aprovechamiento y, en la práctica, el recurso está en manos de privados. Así las cosas, el Estado debe hoy comprar los derechos a esos mismos privados para abastecer a las comunidades que viven un profundo desabastecimiento de algo que, alguna vez, fue de todos.
Mi valle, la tierra donde nací, donde crecí y donde quiero que también crezcan mis hijos y las futuras generaciones, hoy está sufriendo las consecuencias de innumerables desaciertos. Veo con preocupación que hoy el futuro es ambiguo para muchas comunidades, mientras el Estado no realice cambios profundos y efectivos.
Este domingo me sumaré a la marcha por el agua que se realizará con los habitantes de las comunidades de Roco y Varas. Porque creo que este elemento vital es la base de la vida, del derecho y la dignidad de todo ser humano.
