Alumnos, docentes y funcionarios viven angustiante incertidumbre, en tanto rector de la casa de estudios se mantiene con arresto domiciliario
Mucho se ha comentado sobre el llamado “Caso Convenios” a nivel nacional y sus distintas consecuencias a nivel político y social, sin embargo a nivel local, no se le ha brindado la atención que merece, ya que centenares de personas se han visto afectadas en diversos aspectos, desde ver truncado su sueño de obtener un título técnico o profesional, hasta la ṕrivación total de recibir la remuneración por el trabajo realizado durante meses.
Para entender el caso podemos remontarnos hasta hace algunos años, cuando la Universidad Los Lagos creó dos organismos anexos, por una parte el Instituto Profesional Los Lagos y también el Centro de Formación Técnica Los Lagos, ambos con sede en Quillota en la misma dirección de la Avenida Alberdi. Todo marchaba bien hasta que hace un par de años, la Universidad vendió tanto el Instituto Profesional, como el Centro de Formación Técnica a la Fundación Kimün, cuyo presidente es Jaime Huincahue, un nombre a tener en cuenta.
CASO CONVENIOS
La venta a esta fundación ya fue desconcertante, desde el punto de vista que se deshacían casas de estudio con miles de matrículas, presente en nueve regiones del país, a un precio mucho menor al del mercado, sin embargo todo continuó funcionando con aparente normalidad para los trabajadores, alumnos y profesores. “Observador.cl” conversó con Pamela Cartagena, representante de los sindicatos de trabajadores y directora del IP y CFT sede Quillota, quien señaló que el 18 de julio fue la última vez que supieron del recto Jaime Huincahue, hasta que días más tarde se destapó el “Caso Convenios” y se enteraron de la nueva venta de las instituciones, esta vez a la Fundación Fundelin, presidida por el polémico ex líder de la Lista del Pueblo y candidato presidencial Diego Ancalao.
Desde ese momento todo ha ido de mal en peor para la gente ligada a estas instituciones, ya que tanto Huincahue, quien todavía figura como rector y Diego Ancalao, están en prisión preventiva por los delitos consumados de estafa en perjuicio del fisco y lavado de activos por más de mil 200 millones de pesos. En tanto, para los alumnos trabajadores y profesores la situación es mucho más terrible, en especial en el caso de los funcionarios de las casas de estudio.
POSIBLE SOLUCIÓN PARA ALUMNOS
Según explicó Pablo Contreras, vocero de los alumnos de la sede Quillota, existe “una luz al final del túnel”, ya que esta misma semana se cumple el plazo impuesto por la Superintendencia de Educación para que tanto el CFT como el IP Los Lagos nombres un administrador y de no hacerlo, será el propio ministerio el encargado de nombrar un Administrador de Cierre, una figura similar a la de un síndico de quiebra, que deberá encargarse de analizar la situación de las casas de estudio y eventualmente comenzar iniciar el segundo semestre del año con una serie de concesiones. “Existe un compromiso por parte de los profesores de hacernos clases aunque no hayan recibido su sueldo, para que podamos terminar el semestre y estamos muy agradecidos por eso”, manifestó Pablo Contreras.
Si bien los alumnos aún mantienen esa esperanza, distinto es para los profesores, aunque en su caso, la mayoría ejerce la docencia en estas casas de estudio como un complemento a un primer trabajo, cosa distinta a los trabajadores quienes desde hace años tienen este empleo como un único sustento. En este contexto, el miércoles por la tarde iniciaron un paro a nivel nacional para visibilizar la crítica situación que están padeciendo según comentó la representante de los sindicatos, Pamela Cartagena. “Hace tres meses que no recibimos sueldo, el último pago que recibimos fue en el mes de julio, cuando nos pagaron lo correspondiente a junio”, manifestó.
NO HAY RESPUESTAS
La mujer agregó que a diferencia de los alumnos nadie se ha acercado a ellos para proponer alguna solución a su angustiante estado por lo que como trabajadores buscan realizar un llamado a las autoridades. “Si bien esta es una institución privada lo que estamos pasando también da cuenta de una deficiente fiscalización por parte de las autoridades de educación, desde un inicio no se debió permitir la venta a fundaciones que se habían creado hace poco tiempo y que no tenían ninguna experiencia de trabajo con organismos de educación”, señaló.
Del mismo modo, indicó que van a continuar movilizados, hasta que les den una respuesta. “Queremos llevar nuestro problema hasta el parlamento, si bien en un inicio algunos diputados se mostraron prestos a escucharnos, en lo concreto nadie ha hecho algo por solucionar nuestro problema, siguen pasando los meses y ya no podemos esperar más”; cerró la directora.
