Más de 10 mil imágenes de abusos a menores que eran distribuidas por Telegram fueron encontrados en los allanamientos en las regiones de Arica, Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Concepción,
POLICIAL.- Dos de los 17 hombres chilenos que fueron detenidos esta semana por su participación en redes de distribución de material pornográfico y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pertenecen a la Región de Valparaíso.
Así lo dio a conocer la Fiscalía Nacional tras las detenciones y formalización de los 17 imputados, en el marco de la llamada “Operación Firewall” que lideraba la Fiscalía Nacional y la PDI.
Los imputados fueron formalizados este miércoles, por la Fiscalía de O’Higgins, donde nueve de ellos quedaron con prisión preventiva, siete con firma quincenal y arraigo nacional, y uno con arresto domiciliario nocturno.
En la formalización, Fiscalía detalló que tras allanamientos en las regiones de Arica, Antofagasta, Santiago, Valparaíso y Concepción, se detuvo a 17 hombres de nacionalidad chilena, de entre 20 y 72 años y se logró la incautación de 21 celulares, 11 pendrives y un total de 10.127 imágenes enviadas por la red Telegram.
“Nosotros no estamos investigando almacenamiento sobre distribuciones, nosotros lo que estamos investigando son las víctimas que están tras esos delitos. Eso es lo que queremos”, precisó el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien agregó que se investiga la coordinación de esta red con otros países.
Entre los detenidos se encuentran: Ricardo Patricio Aguirre Araya, Jordán Josué Tapia Valdés, Carlos Ariel Marmolejo Maldonado, Hernán Humberto Farías Mieres, Ricardo Augusto Acuña Sobarzo, Ángel Ignacio Salgado Mancilla, Leonel Enrique Pastenes Salas, Luis Arturo Jamett Alvarado, Fernando Andrés Guajardo Pavez, Roberto Carlos Antonio González Tapia, Cristóbal Nicolás Vergara Castillo, Cristóbal Martín Curimil Matías, Basilio Luciano Payauna Román y Oscar Rodrigo García Guerra. Durante la audiencia, las defensas solicitaron que se mantuviera en anonimato el rostro y las identidades de los acusados, pero esta solicitud fue rechazada por el tribunal.
En tanto, con la formalización, el proceso sigue en curso, donde el ente persecutor explica que los imputados arriesgan penas de 541 días a 10 años y un día de presidio efectivo.
