La Comisión de Educación postergó la votación en general de la iniciativa hasta escuchar a los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social
VALPARAÍSO.- Una serie de exposiciones recibió la Comisión de Educación -vía telemática- en el marco del estudio de la moción que suspende el cobro de aranceles y derechos de matrícula por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción, con ocasión de la pandemia (boletín 13.378).
Rectores y agrupaciones de académicos, profesionales y técnicos de universidades se manifestaron de acuerdo con los objetivos de la moción que aborda las dificultades económicas que afectan el copago de aranceles de parte de los estudiantes, pero coincidieron también en la necesidad de una inyección de recursos del Estado.
De parte de las universidades expusieron los rectores de las Universidades de la Frontera y San Sebastián, Eduardo Hebel y Carlos Williamson, quienes plantearon que la postergación del pago de aranceles traerá inestabilidad laboral y riesgos, porque las casas de estudio dependen de los aranceles para su financiamiento.
El rector de la UFRO -universidad estatal y pública emplazada en Temuco- detalló que han abordado la pandemia con un plan de austeridad que ha permitido redireccionar 4.300 millones de pesos.
A su vez, Hebel señaló “que por razones económicas no se irá ningún estudiante”. Existe una responsabilidad social con ellos, por lo que no cobrarán intereses este año y verán la repactación de deudas pasada la emergencia. Sin embargo, consideró que debieran llegar remesas con antelación para solventar a las casas de estudio.
Mientras, Carlos Williamson dijo que comparte los fundamentos del proyecto en momentos de una situación económica crítica que ha afectado el copago de estudiantes sin gratuidad.
El rector de la Universidad San Sebastián agregó que el copago futuro en cuotas a 24 meses tampoco es suficiente. Por ello, propuso un puente financiero similar al financiamiento que se otorgó a las pymes, vía Fogape; o bien un crédito de emergencia o préstamos con cero interés para los estudiantes.
Académicos y funcionarios
De parte de quienes laboran en las universidades estatales, expusieron Carlos Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Académicos de las Universidades Estatales (FAUECH); y Boris Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales y Técnicos de las Universidades Estatales (Fenaptuech).
Carlos Gómez dijo que las necesidades de los estudiantes son prioritarias y que los derechos de las personas están por encima de cualquier cálculo, pero sin poner en riesgo los derechos laborales.
En tanto, Boris Barrera, en representación de los profesionales y técnicos, manifestó que no quieren pagar el costo de la pandemia y que al proyecto le falta la protección de los trabajadores. Añadió que la propuesta de aumento del financiamiento basal y de rebaja de aranceles debe venir de parte del Estado para apoyar a las universidades estatales.
Igualmente, expuso Valeska Concha, asesora del sindicato 3 de académicos y profesionales de la universidad de Las Américas, quien consideró bueno el proyecto, pero cojo, Resaltó que no hay una garantía que respalde a los estudiantes, en caso que no paguen. A su juicio, esto podría implicar el cierre de universidades por insolvencia económica, con consecuencias principalmente para los docentes. Por ello, planteó que el Estado debe colocar dineros y hacer un esfuerzo adicional para los estudiantes.
Finalmente, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, reiteró que el no pago de aranceles por un período, provocaría un daño enorme a la viabilidad de las instituciones. Por otra parte, manifestó que el proyecto podría ser declarado inadmisible.
La Comisión decidió postergar la votación en general de la moción, porque acordó invitar primero a los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; y de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.
