Rossanna Oyarzún, Directora Ejecutiva de AVANZA Inclusión
El 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, el que fue designado el 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En 2017, el Estado de Chile ratificó y promulgó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adquiriendo las obligaciones establecidas en dicha Convención y asumiendo como Estado, en sus políticas, planes y programas, el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, más allá de una declaración de intenciones.
Según el informe “Perspectivas de la población mundial 2019” de la ONU en el año 2018, y por primera vez en la historia, las personas mayores de 65 años superaron en cantidad a los menores de 5 años en el mundo. Acorde a este mismo informe, se proyecta que para el año 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años. Y nuestro país no está fuera de esta tendencia: los nacimientos se han reducido de 5 a 1,8 hijos por mujer en los últimos 60 años, y la esperanza de vida de los chilenos ha aumentado a 80,5 años promedio, la más alta de América Latina (OMS, 2016).
A pesar de que las personas están viviendo más tiempo, esto no significa necesariamente que estén viviendo con salud y teniendo sus necesidades satisfechas, por lo que en respuesta a ese informe, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró 2021-2030 como “la Década del Envejecimiento Saludable”, proponiéndola como la principal estrategia para apoyar las acciones destinadas a construir una sociedad para todas las edades.
Ésta se basa en la orientación previa de la Organización Mundial de la Salud, incluyendo: la Estrategia Mundial de la OMS sobre el Envejecimiento y la Salud; en el Plan de Acción Internacional de las Naciones Unidas para el Envejecimiento; y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
En nuestro país, para nadie es secreto el temor de la población a envejecer y el drama que viven las y los adultos mayores. La vulnerabilidad es una realidad innegable y dolorosa, que afecta a un alto porcentaje de la población nacional. En este marco, los cuestionamientos al actual sistema de pensiones durante los últimos años, han permitido que el debate público se centre en mejorar el sistema de ahorros y/o crear un nuevo sistema que reemplace la capitalización individual y se centre en un sistema de reparto tripartito.
No obstante, mientras estas discusiones están presentes en la agenda legislativa, las personas mayores siguen sin obtener respuestas para adquirir mejoras en su calidad de vida. Cada vez son más las personas jubiladas que realizan una actividad extra para lograr ingresos, fuera del trabajo formal y de derechos laborales, dedicándose al trabajo por cuenta propia e informal que les permita amortiguar la precariedad del día a día. Esto último deja en evidencia que el mayor reto que supone el aumento de la esperanza de vida es, sin duda, mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Es necesario mencionar que la vejez no es homogénea, sino que afecta de distinta manera a mujeres y hombres, debido a diversos factores como la esperanza de vida, los roles de género, la discriminación, la edad de jubilación, entre otros. Así, las mujeres poseen en promedio una pensión un tercio más baja que los hombres. De esta forma, si ya el panorama es desolador para el género masculino, para las mujeres es doblemente violento. A su vez, cada persona constituye una realidad, por lo tanto la vejez no es igual para todas las personas, ni existe un estándar para analizar esta etapa de la vida. Sin embargo, con la llegada de la vejez, la discriminación y las inequidades se intensifican, por lo tanto, es menester no sólo mejorar el sistema de pensiones, sino que también el acceso a la salud y numerosos derechos sociales que actualmente no se encuentran garantizados.
Por otra parte, no debemos desconocer la diversidad de ocupaciones que realizan las personas mayores en la vida cotidiana, así como también la valiosa contribución y aportes a la sociedad. De esta forma, la calidad de vida y la productividad no debe estar subordinada a ingresos económicos, sino que es fundamental reconocer las cualidades intrínsecas de las personas, su autonomía y las dimensiones psicosociales de cada una de ellas.
