Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
Las 120 familias que permanecen en la toma VIP de 20 hectáreas en Colmo, en la comuna de Quillota, lejos de darse cuenta que son ocupadores ilegales de una propiedad privada, han seguido adelante en sus mejoras y ahora han instalado una larga postación eléctrica, para seguir consolidando su ilícito.
Todos los que ocupan terrenos que pertenecen a otra persona, saben que la fuerza de Carabineros está debilitada para desalojarlos. También creen que la manera que tienen para echarlos es mediante un larguísimo juicio que puede demorar cerca de cinco años y hasta más tiempo.
Lo que no saben es que su propia toma se ha transformado en un caso de estudio a nivel nacional. Lo primero que sucedió es que se afianzó la idea que una toma es un “delito flagrante permanente”, que dura todo el tiempo que los ocupantes se encuentren en el terreno tomado. Lo segundo es que se abrió una vía administrativa, mediante el artículo 157 de la Ley de Urbanismo, para que la Seremi pueda demoler las casas ilegales sin esperar la sentencia de un tribunal. Lo tercero es que una sala de la Corte Suprema ha fallado en favor de la demolición de las casas instaladas sobre territorios ocupados.
El alcalde de Quillota, Oscar Calderón Sánchez, formalizó su solicitud de demolición de las viviendas de Colmo, ante la Secretaría Regional Ministerial, señalando que, según la citada ley, se debe “ordenar la demolición parcial o total de las obras que se ejecuten en contravención a los planes reguladores o sin haber obtenido el correspondiente permiso municipal” y reitera que la seremi se encuentra habilitada para la demolición, con resolución fundada y con auxilio de la fuerza pública, después de recibir el informe que ya le envió, de la Dirección de Obras Municipales del municipio quillotano.
De esta forma se acaba la absurda idea que una toma ilegal, con usurpación de terrenos y construcción de viviendas, sería un asunto “entre privados”. El alcalde Oscar Calderón es muy claro cuando pide la intervención del Estado a través de la Seremi de Vivienda, que ya tiene en su poder toda la documentación que respalda y habilita sus acciones para el desalojo.
Se acaba la tesis del conflicto privado y quedan enfrentados el Estado, que debe hacer cumplir la ley, con las familias de usurpadores. Si bien en todas las instancias se ha seguido con las demandas, el caso ahora puede ser resuelto en forma administrativa y todo dependerá de la voluntad política del gobierno, que tiene la oportunidad de demostrarle a Chile que se pueden enfrentar las tomas de otra manera, más rápida y eficazmente.
Para facilitar aún más las cosas, la familia Easton, propietaria del terreno ocupado, ha ofrecido financiar la maquinaria que deberá usarse para el desalojo y demolición, disminuyendo obstáculos en la operación fiscal.
Ya emitió su informe el arquitecto de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quillota, ya se pronunció el Alcalde, ya existe un fallo de la Corte Suprema sobre el tema, ya existe el financiamiento para movilizar la maquinaria, solo falta que la Seremi dé la orden y marque un hito en Chile, respecto de la defensa de los derechos de las familias de miles de terrenos ocupados ilegalmente a lo largo de todo el país.
Nunca como ahora se tuvo tan clara la oportunidad de hacer valer la ley, de defender la propiedad privada y de castigar a los usurpadores, sentando un precedente a nivel nacional.
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