Juan Pablo Vicencio C.
Psicólogo clínico, supervisor y asesor de equipos de tratamiento
Cada vez son más los usuarios o pacientes que llegan ya medicados a las consultas psicológicas desconociendo totalmente su diagnóstico en salud mental, así como también lo relativo al psicofármaco que les han recetado -por ejemplo, qué se espera que haga el medicamento, su utilidad y sentido del mismo-, tanto en el sistema público, como centros de salud y hospitales, y privado, sean clínicas o consultas.
Esta preocupante e irritante situación atenta contra la adherencia al tratamiento, o dicho de otro modo, si no se conoce nuestro diagnóstico, ni se sabe qué se está tomando, podemos empezar a inquietarnos. Si, además, se presentan efectos no deseados con el fármaco, las dudas aumentan y se termina abandonando el tratamiento.
Pero esta situación no sólo es perjudicial para el éxito del tratamiento sino que, además, incumple la ley 20.584, que regula los derechos y deberes de las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud en cualquier tipo de entidad.
De poco sirve esta norma pegada o colgada a una pared en cada institución pública o privada de salud (para evitar alguna multa), si los profesionales la ignoran y/o incumplen. Seamos claros: es un deber y no un favor cuando se le informa al paciente acerca de su tratamiento y estado de salud, incluyendo pronóstico, alternativas y riesgos del mismo. La información debe ser suficiente, oportuna, veraz y comprensible, utilizando un lenguaje adecuado para cada persona. Asimismo, la ley establece un trato digno, respetuoso, cortés y amable, sin discriminación, respetando y protegiendo la vida privada y la honra de la persona, entre otros muchos aspectos.
¿Por qué la ley se cumple solo a veces? Pienso que, por un lado, ha existido una cultura de “veneración” y sumisión al profesional que tiene el poder del conocimiento; y, por otra parte, un usuario – paciente que se comporta pasivamente y no hace valer sus derechos. El “paciente” está en desventaja -claro está- en cuanto necesita la atención; el profesional tiene el “sartén por el mango” y puede actuar con total despreocupación si el usuario y las instituciones se lo permiten. ¿Cuidamos al usuario o nos cuidamos entre nosotros los profesionales?
Necesitamos usuarios empoderados que se informen acerca de los procedimientos de consulta y reclamos establecidos (conocidos como deberes del usuario); profesionales que conozcan y respeten los derechos de las personas e instituciones que eduquen, difundan y defiendan los derechos de los ciudadanos más allá del papel. La pandemia y la necesidad de atenciones no constituyen excusas ni permiso alguno para saltarse las normas y otorgar un mal servicio.
Finalmente, aclaro que también hay excelentes profesionales: éticos, competentes y muy humanos. Mis felicitaciones para todos(as) ellos(as).
