Según abogado especialista, el comerciante afectado tiene varias herramientas legales a su favor.
QUILLOTA.- Hace varias semanas, una sesión del Concejo Municipal de Quillota terminó con los ánimos muy exaltados, luego de que los ediles votaron la solicitud de traslado de una patente de minimarket, presentada por el comerciante local Diego Muñoz, para abrir un nuevo local en calle Instituto, en el sector de la Villa Santa Teresita.
Según relata Muñoz, su solicitud había sido “pre aprobada” en una sesión de trabajo del Concejo. Eso lo llevó a realizar una fuerte inversión en el local, en paralelo al avance de la tramitación de la patente, por más de $300 millones de pesos. Sin embargo -y pese a que cumplía con todas las exigencias legales de la normativa- finalmente, al votar los concejales, su solicitud fue rechazada.
En este caso, al momento de la sesión de Concejo Municipal, algunos ediles habrían cambiado su voto inicial manifestado en la reunión de trabajo, tras la solicitud de las Mesas Territoriales 6 y 7, que presentaron mil firmas de vecinos que se oponen a la venta de alcohol en su barrio. Esta decisión -y los perjuicios que le provoca- llevó al comerciante a presentar acciones legales contra la Municipalidad de Quillota.
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Abogado: “No es vinculante”
Según la opinión del abogado Alejandro Borbarán, experto en la Ley Orgánica de Municipalidades, esto podría llevar al comerciante a recibir una fuerte indemnización de parte del Municipio. Consultado por “El Observador”, el profesional asegura que el comerciante tiene las de ganar, ya que ve negada su posibilidad de trabajar.
“El interesado puede interponer un reclamo de legalidad, según consta en el artículo 151 de la Ley Orgánica de Municipalidades o un recurso de protección por vulneración de sus derechos fundamentales para ejercer una actividad comercial lícita”, explicó, agregando que el reclamo de los vecinos no puede ser considerado como un motivo válido para rechazar la solicitud por parte del Concejo.
“Si bien para votar una solicitud de patente de venta de alcohol es necesario un informe a Carabineros y una consulta a la junta de vecinos, esto no es vinculante y si el empresario cumple con toda la normativa legal, no se puede rechazar. Seguramente el alcalde estaba en conocimiento de esto y por eso votó a favor”, señaló Borbarán.
En la misma línea, el abogado, quien por años trabajó como asesor jurídico en diversos municipios de la provincia y hoy es un cercano colaborador de los socios de la Cámara de Comercio de Quillota, explicó que además existen otros recursos que podría presentar el emprendedor. “También podría presentar un reclamo administrativo a la Contraloría General de la República, ya que, por Ley Orgánica le corresponde controlar la legalidad de las acciones y votaciones de cada concejal y del alcalde como acto administrativo. Por otro lado, los concejales también pueden ser objeto de un requerimiento al Tribunal Electoral Regional. Ahora, no sé si el Tribunal estaría dispuesto a sancionar por una votación, pero en estricto rigor legal, pueden ser objeto de ese requerimiento”, concluyó el abogado.
