LA LIGUA.- Durante tres días de juicio el Ministerio Público expuso todas las pruebas para lograr los delitos graves de los que fueron víctimas dos familias del sector de Pichicuy en La Ligua el año 2018. Según expuso el Fiscal José Ramírez durante el desarrollo del mismo, las víctimas y testigos desde un inicio reconocieron al acusado, Jonathan Salina Rojas.
El primer delito por el que acusó el Ministerio Público ocurrió en febrero del año 2018 y la víctima fue un hombre de 70 años y su familia, se logró acreditar según consta en la sentencia que “insultando a sus ocupantes, señalándoles cuchillo en mano que los violaría, a la vez que exigía dinero, que agredió a la víctima con golpes en la cabeza”.
A este robo con intimidación se logró acreditar un segundo hecho ocurrido en la misma localidad en el mes de agosto, donde el acusado: “mediante fractura de las puertas de acceso, y sustrajeron entre otras especies: Ropa de vestir, zapatillas, botellas de licor, dos televisores, electrodomésticos y discos compactos”, acreditándose según estableció el Tribunal un delito de violación de morada y de receptación.
“De las conductas del acusado se desprende que elige a sus víctimas entre sus vecinos, asegurando con ello su impunidad, evitando denuncias en su contra, ya que se trata de personas con las cuales se debe convivir permanentemente, es un modus operandi claro, existe una forma peyorativa de referirse a estas personas como “domésticos”, que mantienen a su vecinos intimidados”, señaló el Fiscal José Ramírez durante el juicio.
Se presentó por parte de la Fiscalía el testimonio de las víctimas, declaración de Carabineros y funcionarios de la Policía de Investigaciones, además de prueba pericial, que incluyó pruebas biológicas, prueba documental y fotografías que fueron expuestas durante el juicio.
Prueba de cargo que permitieron a la sala del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Quillota, presidida por la Magistrada Carolina Encalada Passalacqua, e integrada además por los magistrados Leticia Morales Polloni y Lino Godoy Órdenes, establecer más allá de toda duda razonable los hechos señalados por el Ministerio Público y la participación de Salinas Rojas.
Se condenó a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo por el robo con violencia ocurrido en febrero del 2018, a una pena privativa de libertad en 61 días de reclusión menor en su grado su mínimo por el delito de violación de morada por el segundo hecho y otros 61 días de presidio menor en su grado mínimo y 59 multa de cinco unidades tributarias mensuales, por la receptación que se logró acreditar en el juicio. Pena que estableció el Tribunal debe ser cumplida de manera efectiva, sin acceso a penas sustitutivas.
