Todos hemos visto los letreros de señalización públicos rayados hasta hacerlos ilegibles, todos hemos visto casas recién pintadas que han sido garabateadas por bandas que actúan en la noche.
Nadie puede negar que hemos visto que en TODOS los lugares de nuestras ciudades, sin importar si es la iglesia, una casa particular, una sede vecinal, la municipalidad, un muro de escuela o los bancos de la plaza, ellos pasan con sus rayados absurdos, dejando una estela de mugre, que afea los espacios donde vivimos.
Falta legislación para castigarlos como corresponde por destruir tanto el mobiliario público como la propiedad privada. ¿Cómo no va a ser dramático que un vecino con mucho esfuerzo invierta varios miles de pesos en pintar su casa, para que en un par de días le arruinen toda su inversión?
Por eso tiene tanto valor la iniciativa del Presidente Sebastián Piñera, que la semana pasada firmó el proyecto de Ley de Conductas Antisociales, que aumenta las penas para el consumo de alcohol en las calles y establece nuevas sanciones para prácticas que afectan la convivencia ciudadana, especialmente en relación con los autores de los vandálicos rayados que irrumpen por todas partes.
El proyecto de ley propone castigar a los autores de los grafitis con presidio menor en su grado mínimo, es decir, 61 a 540 días de cárcel, además de una multa de 11 a 20 UTM, o sea, tendrán que pagar entre 524 mil 491 y 953 mil 620 pesos. Por fin surge una iniciativa que podrá frenar el escándalo que tienen los dañinos pintadores. Resulta necesario fijar una sanción alta para ir acabando con esta desarrollada manía de rayarlo todo. Además, se propone que respecto de Monumentos Nacionales o propiedades declaradas Patrimonio de la Humanidad, se aumente la pena de cárcel entre 541 días y cinco años, y que también se suba el valor a pagar, entre dos millones 400 mil pesos y nueve millones y medio de pesos.
Como se puede leer, la situación se pondrá muy seria para los incivilizados que quieran seguir rompiendo la convivencia.
El nuevo proyecto también fija multas y castigos para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Se mantiene la sanción actual de una UTM ($47.681) para quienes ingieren alcohol en la calle, y de 2 a 4 UTM (entre 95 mil a 190 mil pesos) para los reincidentes. Otro agravante para los consumidores y vendedores en la vía pública es que las causas ya no van a ir a los juzgados de policía local, sino que serán investigadas por la Fiscalía, con otro procedimiento penal, siendo tratadas como delitos y no como faltas.
También se agrega en la nueva ley el tema de botar basura en la vía pública, para poder perseguir a esos que de noche salen a tirar sus bolsas a la calle, o que las tiran a la orilla de caminos con menos luz, en las afueras de la ciudad. Se agrega la botadura y acumulación de escombros, como otro tema que se regula a partir de la nueva legislación.
Creemos que este proyecto del gobierno es un primer paso para ir poniendo orden respecto de los grafiteros y los que toman alcohol en las calles, que hace rato que se han transformado en una lacra para toda la sociedad. Las multas y la cárcel, tendrán que ayudarnos a frenar a los que con sus rayados tienen afeados todos los rincones de nuestras ciudades.
