Por Roberto Silva Bijit
Fundador Diario “El Observador”
La ya famosa toma de Colmo, bautizada por “El Observador” como “Campamento VIP”, es un claro ejemplo del desorden institucional que sufre Chile. Ya cumplió seis meses de impunidad. Se “robaron” 20 hectáreas, llevaron maquinaria pesada, hicieron caminos, levantaron sus casas, pusieron cierres, instalaron un portón metálico, colocaron un letrero con letras talladas en madera con el nombre de la toma, hicieron una plaza, pavimentaron un tramo del ingreso, taparon un canal de agua con cemento. Han hecho lo que han querido y hasta ahora nadie les ha podido hacer nada.
Las pocas respuestas que han dado han sido absurdas para justificar la injustificable ocupación, pero sí han expresado que están dispuestos a ir a un juicio, y han agregado -sin ninguna vergüenza-, que será un juicio que durará muchísimos años.
También hablaron de problemas habitacionales, pero su forma de actuar significa que se saltaron la fila y que, a diferencia de miles de chilenos que están a la espera de una vivienda propia, decidieron tomarse un terreno, pensando tal vez en el ambiente permisivo e indolente en que se encuentra nuestro país.
Al comienzo, las diversas autoridades estuvieron confundidas y dijeron que se trataba de un asunto entre privados, lo cual es tan inconsecuente como decir que un asalto a una casa o un portonazo es también un asunto entre privados. Las policías, las autoridades gubernamentales y la justicia están obligados por la ley a actuar. Lo demás raya en la complicidad.
El empresario de Concón, Alejandro Correa, sufrió una toma, identificó al responsable y lo denunció a la justicia por usurpación. Cuando el tipo fue notificado, contrató a un sicario y mandó matar al propietario en la puerta de su casa. La familia lleva casi tres años esperando la devolución de los terrenos, (como se puede ver los juicios son largos).
En el caso de Colmo, se produjo un cambio de actitud. En vez de decir que se trata de un problema entre privados, se asumió que Carabineros puede actuar sin mediar orden judicial, ya que legalmente está habilitado para desalojar tomas ilegales, por ser un delito de “flagrancia permanente”, no como se había dicho que era necesario abordar la toma en las primeras doce horas.
Entre los juristas existe un amplio acuerdo que la usurpación es un delito permanente, igual que el secuestro, y por lo tanto el ilícito se está consumando durante todo el tiempo en que el usurpador realiza la conducta en que consiste el delito. O sea, mientras el sitio esté ocupado ilegalmente, hay delito flagrante y la autoridad debe actuar.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, (informado de tanta toma en Chile) salió de su zona de confort y ya no dice que es un asunto entre privados, sino un asunto que debe judicializarse. “Tenemos que asumir que es un problema serio”, señaló refiriéndose a la toma de Colmo y agregó: “Debemos lograr que la opinión pública entienda que este tipo de situaciones no pueden aceptarse”.
Tanto es así, que el Seremi del Minvu anunció querella por loteo irregular, con apoyo del Consejo de Defensa del Estado, pero para poder solicitar un informe de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Quillota, donde conste la infracción a la Ley de Urbanismo y poder ejercer la facultad de ordenar la demolición. Ese puede ser un cambio de actitud del Ministro Montes, que terminaría por destrabar esta toma y servir de base legal para actuar en muchísimas otras que existen en el país. Se trata de una decisión administrativa, basada en las leyes vigentes, que permitiría terminar con la usurpación.
Por su parte, tanto el alcalde Oscar Calderón como el arquitecto Marcelo Merino de la Dirección de Obras del municipio de Quillota, también han dado un paso en este mismo sentido, ordenando a la familia Easton, dueña del fundo, demoler a su costo las viviendas levantadas por unas 120 familias, porque no cuentan con permiso de obras. Como dijo el abogado de la familia Easton, Gerardo Inserrato, “ningún ciudadano está por sobre la ley y es correcto que la autoridad ejerza sus atribuciones y corrija cuando la ley se ha vulnerado. Si la autoridad ordena demolición acataremos y lo haremos a nuestro costo”.
Tal como está la situación, es probable que, a fines del presente mes, la Seremi de Vivienda pueda disponer la paralización y demolición de las obras irregulares con el auxilio de la fuerza pública.
Es lo menos que se puede esperar para restablecer el orden y la justicia, pisoteados por usurpadores que no solo desafiaron al Estado y a la familia propietaria, sino que atropellaron los sueños de tantas familias de todo el país, que, correctamente, están inscritas para poder adquirir una vivienda.
Como dijo el columnista y rector de la UDP, Carlos Peña, refiriéndose a la toma de Quillota, “hay un deterioro general de las reglas. Como para recordar una de las prédicas del Cristo de Elqui: Este país es una buena plasta/ aquí no se respeta/ ni la ley de la selva”.
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