Juan Pablo Vicencio Cisternas
Psicólogo Clínico, supervisor y asesor de equipos de salud mental
No amig@s, en esta oportunidad no me referiré a si es legítima o estigmatizadora la pregunta que el periodista Santiago Pavlovic hizo al candidato Gabriel Boric respecto al Trastorno Obsesivo Compulsivo por el que fue tratado, sino que aprovecharé la contingencia del debate para referirme a los altos cargos públicos y su compatibilidad con los problemas o enfermedades mentales. Lo primero es aclarar que los términos dependerán del enfoque que tenga el profesional frente a lo mental; así, según la Organización Mundial de la Salud, el concepto “enfermedad” es médico: “Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible”.
Pero, ¿es homologable una diabetes a una depresión? El diagnóstico para la depresión está basado en un “examen mental” (preguntas que el paciente debe responder) y no exámenes específicos (como ocurre con la diabetes). Incluso, hay profesionales que adoptan una postura filosófica para argumentar la inexistencia de los diagnósticos. Dicho de otro modo, el diagnóstico en salud mental es subjetivo.
En 1952 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental por la Asociación de Psiquiatría Americana y en 1986 se eliminó como desviación sexual o perturbación porque no había evidencia científica que lo avalara. En 1990 la Organización Mundial de la Salud también la excluyó como enfermedad. Con este ejemplo quiero explicar que el contexto histórico, político y social -así como las teorías dominantes en un momento- pueden afectar lo que se considere normal o no de acuerdo a ciertos intereses.
Los diagnósticos en salud mental pueden ser útiles para ciertos fines y en algunas ocasiones, pero no son equivalentes a una verdad “revelada” y, por lo tanto, deben utilizarse criteriosamente o pueden terminar estigmatizando a una comunidad y transformando la salud mental en un negocio de grandes laboratorios farmacéuticos, que promocionan medicamentos aunque no exista evidencia de eficacia sustantiva o el problema se pueda resolver de modo no químico, con ejercicio, meditación, psicoterapia, grupo de autoayuda, etcétera.
Cabe entonces preguntarse si los problemas de salud mental que puedan presentar, por ejemplo, los parlamentarios, alcaldes o directores de reparticiones públicas, como la dependencia a drogas, trastorno bipolar, trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de personalidad grave como la psicopatía no delincuencial, ¿son un tema privado o público? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de ejercer estos altos cargos con problemas de salud mental no compensados o tratados? ¿Hay que legislar?
En todos los puestos públicos se exige “salud compatible con el cargo”, entonces, ¿este parámetro se debe aplicar también a la salud mental? ¿Puede imaginarse a un Presidente en medio de un conflicto bélico embriagándose cada día?, ¿es concebible un parlamentario discutiendo un importante proyecto de ley con sustancias ilícitas en el cuerpo y conciencia alterada (aunque desapercibida)?
La historia está plagada de personajes -como Hitler o Stalin- con un narcisismo maligno, sadismo y psicopatía evidente. Las consecuencias son conocidas por todos. Como sea, hay problemas y problemas en salud mental: algunos bien tratados permiten hacer una vida normal, y para otros no existen tratamientos eficaces o no puede garantizarse que no reaparecerán.
Abramos la conversación sin miedo a la pregunta, pero de forma respetuosa y pensando en el bien común más que para atacar a un partico político o candidato determinado.
