EL Observador

12:53 hrs. Lunes 21 de enero de 2013 Gabriela Fernández Montenegro

Titularidad para docentes a contrata

Gabriela Fernández Montenegro / Presidenta Cepad

El jueves 10 de enero, la sala de la Cámara de Diputados declaró finalmente admisible el proyecto que renueva la Ley 19.648 de 1999, sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos educacionales municipalizados, que previamente había sido declarado inadmisible por la mesa.

El Centros de Estudios para Asuntos Docentes (Cepad) ha estado presente en este proceso. Ahora qué importancia tiene esta moción parlamentaria, para dimensionarla en su justa medida, se deben aclarar algunos antecedentes.

Por ejemplo, los profesores, de acuerdo a la ley, pueden ingresar al sistema educativo municipal por alguna de las siguientes vías: mediante postulación a concurso público o en calidad "a contrata", mediante un acto administrativo de nombramiento, para prestar servicios transitorios, generalmente por un año, terminando cada diciembre y dándole derecho al pago de sus vacaciones durante enero y febrero siguiente.

La ley señala como tope máximo de horas a contrata el 20 por ciento de la dotación de docentes de una comuna, contemplando multas consistentes en retenciones de subvención a los municipios que excedan este porcentaje.

Lamentablemente, en la práctica, estas disposiciones no se cumplen. La gran mayoría de los municipios del país tiene en calidad de contrata a más del 20 por ciento de sus profesores, siendo que la mayoría de ellos realiza labores docentes permanentes, es decir, que deberían ser sometidas a concurso para que se pueda acceder a su titularidad.

Por otra parte, las retenciones de subvención no son aplicadas, todo lo cual somete a los docentes a una situación de enorme inestabilidad e injusticia ya que, a pesar que lleven prestando servicios por varios períodos, cada fin de año constituye un motivo más de incertidumbre, al no saber si contarán nuevamente con su trabajo y al no poder acceder, por ejemplo, a antigüedad funcionaria, pago de indemnizaciones, perfeccionamiento y vivir el drama de no ser sujetos de crédito ante instituciones financieras para optar, por ejemplo, a un hipotecario de vivienda, entre otras situaciones de desmedro que constituyen abiertamente una discriminación social.

En dos ocasiones, la ley ha pretendido dar alguna solución a este problema. El que se haya acogido a discusión nuevamente es una señal de su vigencia e importancia.

Haciéndose eco de la gravedad del problema, el Directorio Regional Valparaíso del Colegio de Profesores realizó los contactos con algunos parlamentarios para que se allanaran a abordar algunas alternativas de solución.

Es así que se contó con un transversal consenso que llevó a que se presentaran en primera instancia dos mociones similares, tras un primer rechazo, fue admitida a discusión en la Cámara.

La posibilidad de que se renueve esta ley es solo una de las alternativas que estudiará el parlamento, aún queda un largo proceso de tramitación, pero con el apoyo de los profesores y la comunidad, esperamos que llegue a convertirse en una medida que otorgue justicia a tantos docentes que viven año tras año en la inestabilidad laboral.

Creemos necesario dar a conocer a la ciudadanía estos proyectos, destinado a otorgar titularidad y con ello estabilidad laboral a los docentes y a todos los funcionarios públicos.



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